Polémica por la reforma de la Ley Trans Valenciana: una veintena de asociaciones LGTBIQ+ denuncian que elimina derechos clave
Los colectivos los califican de “violencia institucional”
Los cambios impulsados por PP y Vox suprimen medidas de protección para personas trans, especialmente menores
ValenciaLa reciente reforma de la Ley Trans Valenciana (Ley 8/2017), aprobada por PP y Vox ha suprimido artículos clave relacionados con el reconocimiento y protección de las personas trans en la Comunitat Valenciana. Entre los cambios, destacan la eliminación de la autodeterminación de género sin necesidad de informes médicos y la retirada de medidas específicas para menores en el ámbito educativo y sanitario.
Ante esta modificación, cerca de una veintena de asociaciones LGTBIQ+ han denunciado públicamente lo que consideran “un retroceso alarmante en derechos humanos” y “una forma de violencia institucional”. En un comunicado conjunto, los colectivos alertan de que la reforma “rompe con los consensos alcanzados tras décadas de lucha” y deja en una situación de especial vulnerabilidad a las personas trans, especialmente a los y las menores de edad.
Acusan a la Generalitat de “complicidad ideológica”
Las entidades firmantes acusan directamente a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y a la Dirección General para la Diversidad de ser “cómplices de un proyecto ideológico regresivo” al permitir que se desmonte una ley que hasta ahora situaba a la Comunitat Valenciana como una de las regiones más avanzadas en materia de derechos LGTBIQ+.
Según denuncian, los cambios introducidos contribuyen a “la patologización, invisibilización y criminalización de las identidades disidentes” y suponen un ataque directo a la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas trans.
Exigen la retirada inmediata de la reforma
Ante esta situación, las organizaciones LGTBIQ+ han exigido la retirada inmediata de las modificaciones y la restitución íntegra de los derechos eliminados. Además, reclaman la puesta en marcha de políticas públicas efectivas que garanticen la vida digna de todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género.
Critican también el uso institucional del colectivo como herramienta de marketing o imagen: “Rechazamos que se utilicen campañas turísticas o eslóganes vacíos mientras se destruyen los marcos legales que protegían nuestras vidas. No se trata de sellos, sino de derechos y de vidas reales”, han subrayado.
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