La deuda que la comunidad catalana acumula con el Estado español asciende a 67.800 millones de euros, algo que no concuerda con los gastos empleados, por ejemplo, en las cárceles de la provincia. Prisiones que cuentan con piscinas, canchas de fútbol, y pantallas de televisión en todas las salas, y que suponen para el gobierno autonómico un gasto de 384 millones de euros frente a los 100 millones presupuestados. Una suma que habrá que pagar a la constructora Comsa-Emte, entidad de la que Carles Sumarroca, uno de los imputados en el caso Pujol es propietario.