El decreto antidesahucios prevé compensar económicamente a los propietarios afectados
Recibirán una compensación equivalente al precio medio del alquiler
Tanto los grandes propietarios de viviendas afectados como los pequeños podrán pedir la compensación económica
La regulación de los desahucios provocó tensiones entre UP y el PSOE
El borrador del decreto antidesahucios ya está listo para su aprobación tras meses de tensión entre Unidas Podemos y el PSOE. Finalmente se ha desbloqueado y todos los propietarios de viviendas afectados, los grandes y los pequeños, tendrán derecho a una compensación económica en caso de impago.
UP rechazaba que los grandes tenedores de viviendas recibieran esta compensación, pero el decreto antidesahucios que ya está en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, incluye a todos los interesados. Todos podrán solicitar una compensación económica cuando pasen tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad, según fuentes del Gobierno.
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La compensación consistirá en el precio medio de alquiler en el entorno en el que se encuentre la vivienda, que será determinadoen base a los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda .
El decreto antidesahucios se aprobará próximo martes tras lograrse consenso en el próximo Consejo de Ministros, aunque con algunos puntos sin aclarar sobre si se podrá incluir también el corte de suministros.
El decreto antidesahucios regulará la suspensión del desalojo a familias vulnerables sin alternativa habitacional, mientras dure el estado de alarma. No se realizarán lanzamientos de estos grupos poblacionales hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para el realojo.
Hasta ahora, la paralización se limita hasta enero del año próximo y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19. Ahora se incluyen todos los casos, también los anteriores a los originados por la pandemia.
El nuevo acuerdo establece que la condición de vulnerabilidad estará establecida por los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.
Las compensaciones se abonarán en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tuvieran viviendas vacías.
La propuesta de decreto-ley antidesahucios presentada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, todavía está sujeta a aportaciones de otros ministerios.