Los jueces inadmiten la suspensión de pagos de José María Ruiz-Mateos SA e Inversiones Ruiz-Mateos

Los juzgados de lo Mercantil de Madrid han inadmitido las solicitudes de concurso voluntario de acreedores presentadas por la familia Ruiz-Mateos para las sociedades José María Ruiz-Mateos S.A. e Inversiones Ruiz-Mateos S.A., según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

En ambos casos, los jueces rechazan las demandas para entrar en suspensión de pagos por no haber subsanado determinados defectos en tiempo y forma.

El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid no ha declarado el concurso de Inversiones Ruiz-Mateos "por falta de subsanación de requisitos en la demanda".

Por su parte, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid resuelve en un auto con fecha 30 de septiembre la inadmisión del concurso de José María Ruiz Mateos S.A. --sociedad a través de la que Nueva Rumasa lanzó una de sus emisiones de pagarés corporativos-- "por no haber subsanado defectos advertidos" en la solicitud.

Esta resolución judicial se produce después de que la familia Ruiz-Mateos anunciase a principios de septiembre la venta de Nueva Rumasa al grupo de empresas del empresario Ángel de Cabo.

Según fuentes jurídicas, en los contratos de compraventa consta que el grupo de De Cabo pagó, a través de diversas sociedades, un euro por cada una de las 19 empresas de Nueva Rumasa que ha adquirido, entre las que figura Inversiones Ruiz-Mateos S.A.

En la firma de la escritura, formalizada el 8 de septiembre en Madrid ante el notario José Miguel García Lombardía, comparecieron cuatro de los hijos de Ruiz-Mateos (Zoilo, José María, Pablo y Javier) y tres "testaferros", agregaron las fuentes.

Como compradores aparecen Iván Losada, Fernando Juan Lavernia y José Vicente Semper en representación de distintas sociedades, como Back in Business, Leviatán Empresarial y Aspavesa.

El despacho V Abogados estudia pedir la nulidad de la compraventa de Nueva Rumasa, al entender que puede haberse incurrido en fraude de acreedores. "Al vender por un valor inferior al que podría tener, objetivamente se puede haber perjudicado a los acreedores", dijo a Europa Press el socio de V Abogados, Santiago Viciano.