Venezuela critica a la CIDH y un opositor denuncia al Estado por su inhabilitación

La CIDH dedicó hoy en una de sus salas donde celebra las audiencias del 134 periodo de sesiones públicas todo el día a casos de Venezuela.

En la primera audiencia, el delegado del Gobierno de Venezuela para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, acusó a la CIDH de actuar con "parcialidad" desde el golpe de Estado de abril de 2002, y criticó especialmente a su secretario ejecutivo, Santiago Canton.

El titular de la CIDH, sostuvo, "ha demostrado una actitud totalmente parcial en contra de las políticas económicas, sociales y culturales" del presidente Hugo Chávez.

Según Saltrón, en medio del golpe de Estado de abril de 2002, la comisión "asumió una actitud ambigua y complaciente con los sectores que atentaron contra la democracia y los derechos humanos".

Dijo que la CIDH "ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial (...) para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al Gobierno" de Chávez.

En el turno de réplica, los comisionados de la CIDH defendieron su trabajo y a su secretario ejecutivo y afirmaron que actúan como expertos independientes y no en representación de un Estado, así mismo subrayaron que Canton goza de la "máxima confianza" de la comisión.

En otra audiencia, el líder opositor venezolano Leopoldo López denunció ante la CIDH que fue inhabilitado por motivos políticos del Gobierno de Venezuela y advirtió de la amenaza que representa para la democracia de su país y de la región el uso excesivo de estas medidas para impedir la participación electoral de adversarios.

El ex alcalde del distrito caraqueño de Chacao fue inhabilitado en agosto de 2008, junto a otras casi 300 personas, meses antes de las elecciones regionales y municipales de noviembre, por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción.

A López, quien aspiraba a la Alcaldía Mayor de Caracas, le fue notificada la inhabilitación en 2005, como consecuencia de dos sanciones administrativas impuestas en el año 2004.

La inhabilitación "se materializó en 2008 taxativamente con mi intento de inscribir mi candidatura en el registro del Consejo Electoral", aseguró el líder opositor, quien defendió su inocencia.

Señaló que tanto la Constitución venezolana como la Convención Americana establecen que para una inhabilitación "se requiere una sentencia penal en firme".

López afirmó que nunca fue sometido a un proceso penal y al no haber una condena, la inhabilitación "es absolutamente ilegal".

La delegada del Gobierno venezolano, Mónica Misticchio, de la Contraloría, defendió la actuación del Ejecutivo, y dijo que el caso de López "carece de fundamento jurídico", y rechazó que se trate de una inhabilitación política.

Alegó que la inhabilitación fue precedida por un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades en los casos de presunta corrupción, en el que López "participó activamente".

En una tercera audiencia, la Red Venezolana de Activistas por la Paz (Revapaz) y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) acusaron hoy al Poder Judicial en Venezuela de falta de independencia y de intervenir de manera "sistemática" a favor del Gobierno desde hace nueve años.

Ante estas denuncias, Saltrón admitió que "existe un retraso judicial, pero no político", y reiteró que en Venezuela "existe independencia de poderes" y la plena voluntad de garantizarla.