El Gobierno insiste en que la exhumación de Franco sigue su curso, aunque ya ven problemas de tiempo

Aquel 23 de noviembre de 1975 fueron necesarios al menos 10 operarios para mover la losa de mármol. Bajo ella se puso otra más pesada, de varias toneladas. Quienes vayan a moverla ahora tienen la atención y la preocupación de un demandante y de un juez que argumenta: “No hace falta ser arquitecto, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto, peligroso”. Esto, unido a que entienden que “no se aprecia especial urgencia” en la exhumación del dictador Francisco Franco, le lleva a suspender la licencia de obra que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial había aprobado para la causa.

Además, tira del artículo 15 de la Constitución para preocuparse por los operarios; ese artículo en el que, tras la dictadura, quedó garantizado el derecho a la vida y abolida la pena de muerte.

Antes que este, ha habido otros 7 recursos similares que no han prosperado. El Gobierno asegura que la exhumación sigue su curso, a pesar de que ya son conscientes de que quizás no tengan tiempo para hacerlo ellos.

No obstante, insisten en que en cualquier caso ese informe técnico afectaría a la última fase de todo el procedimiento, el de la obra en sí, y apuntan además que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros.