Un juzgado de Madrid paraliza la exhumación de Franco, pero el Gobierno seguirá

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba a exhumar los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, porque entiende que no siendo urgente adoptar esta medida, no se han elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realiza con seguridad para los operarios.

En un auto al que tuvo acceso Europa Press, el juez se apoya en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, según el cual "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco".

"Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", expone el auto.

El Gobierno ha subrayado este martes, tras conocer el auto de un juzgado de Madrid que suspende cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba los trabajos para exhumar los restos del Francisco Franco del Valle de los Caídos, que el expediente para el desenterramiento del dictador sigue su curso. Ese expediente, impulsado por el Consejo de Ministros, "continúa su tramitación con absoluta normalidad" dado que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid no es competente para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo.

El auto del juzgado de Madrid afecta a las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y declara su suspensión cautelarísima, es decir, sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento. Ahora, precisan desde La Moncloa, el Ayuntamiento dispone de tres días para presentar alegaciones a las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, Leonardo Falcó Rodríguez y el procurador Javier Campal Crespo, a quien el Gobierno identifica en el entorno de la familia Franco.

"Estamos convencidos --señalan fuentes de Presidencia del Gobierno-- de que tras haber escuchado al Ayuntamiento y sus argumentaciones, el juzgado dictará una resolución diferente tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo".

Para el Ejecutivo, este es "un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático" respecto de la decisión de exhumar a Franco.

Hasta la fecha al Gobierno le constan hasta 12 demandas judiciales presentadas por personas diferentes pero todas con idéntica documentación reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. De esas 12 demandas, en siete se han rechazado ya las demandas cautelarísimas y la conocida este martes ha sido la única en la que el juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes.

Para hacer frente a estas prácticas, la Abogacía del Estado trabaja desde hace días en la acumulación de todos los procedimientos judiciales en uno solo para garantizar que exista un único procedimiento, avanza el Gobierno.

Estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar en su caso la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Franco del Valle de los Caídos, fase en la que aún no se encuentra el procedimiento y que precisa aún de otros trámites administrativos.