El gobierno riojano tendrá que pagar una indemnización a una bebé que fue intercambiada con otra familia en 2002

La Consejería de Salud de La Rioja ha ofrecido una indemnización de 850.000 euros a una joven que fue intercambiado por error con otra recién nacida en mismo día. Inicialmente, la joven de ahora 20 años, pidió una indemnización de 3 millones de euros, algo que la administración rechazó. Por ello, el Gobierno riojano solicitó un informe al Consejo Consultivo regional después de que el Juzgado de Familia de Logroño condenara, el pasado mes de noviembre, que el error cometido al intercambiar a dos bebés nacidos en el antiguo Hospital San Millán de la capital riojana era atribuible a la administración, que debía fijar una indemnización.

La Consejería de Salud ha confirmado este jueves a Efe que el Gobierno regional ha decidido que su futura propuesta de resolución asumirá lo recomendado por el Consejo Consultivo, "siempre con el interés de resolver la reclamación presentada y con total respeto a los procedimientos judiciales". Además, ha añadido que "esta decisión va en la línea de la jurisprudencia existente en casos similares".

El dictamen del Consejo Consultivo, según la Consejería, incide en que se da por acreditada la existencia de "un daño moral, efectivo, evaluable económicamente e individualizado, producido a la reclamante". Este organismo, según ha adelantado este jueves el diario La Rioja y que han confirmado a Efe en el Gobierno regional, considera que existe una relación de causalidad entre los daños morales sufridos por la interesada y el funcionamiento de un servicio público a cargo de la comunidad autónoma riojana.

A ello añade que concurren los demás requisitos exigidos por la ley para que exista la obligación de indemnizar el daño por la Administración. El Gobierno de La Rioja fijó, en un primer momento, la indemnización a esta joven en 215.000 euros y, posteriormente, tras una sentencia judicial que reconoció la responsabilidad de la administración, la elevó a 430.000 y pidió el informe al Consejo Consultivo.

Por otro lado, el letrado de la joven reclamante, José Sáenz Morga, ha explicado este jueves a Efe que ha conocido la existencia de un dictamen del Consejo Consultivo a través de los medios de comunicación, pero no ha recibido ninguna propuesta desde la administración, por lo que ha eludido hacer valoraciones. Por su parte, la abogada de la familia de la otra joven, Alicia Redondo, ha indicado a Efe que todavía no ha analizado los datos conocidos este jueves sobre el dictamen y cómo afectará a la reclamación patrimonial que ha interpuesto contra la administración en nombre de su clienta, de la que no ha dado más datos.

Una de las niñas creció con normalidad con la familia que creía suya; mientras que la otra -la clienta de Sáenz Morga- fue criada por la que consideraba su abuela, dado que sus progenitores fueron declarados incapaces. El caso se conoció públicamente en 2021, pero la reclamante lo descubrió en 2017, cuando la abuela interpuso una demanda de manutención contra el que creía progenitor de la niña, quien rechazó el pago.

Tras ello, una jueza ordenó una prueba de ADN, que confirmó que el hombre no era el padre de la joven y esta decidió someterse a otra prueba, que determinó que tampoco era hija de quien consideraba como madre biológica. Fue esta joven la que inició un proceso para determinar quiénes eran sus verdaderos padres, para lo que se comprobaron los nacimientos que coincidían en la misma fecha y se descubrió el intercambio de los dos bebes.

La familia a la que representa Redondo ha mostrado interés por acoger a la otra joven y la sentencia del Juzgado de Familia estableció que las dos quedarán registradas en el Registro Civil como hijas de los mismos padres -clientes de esta abogada-, aunque una de ellas con una nota marginal de que no son sus progenitores biológicos.