Jueces de Tarragona tumban recursos de abogados por utilizar la IA
Magistrados y colegios de abogados recuerdan extremar la supervisión profesional para evitar infracciones en la protección de datos y la deontología
El TSJC y la Audiencia de Tarragona denuncian el uso de la IA por generar citas de sentencias inexistentes
Este martes se conocían los desalentadores datos del Informe PISA, pero no solo los menores están teniendo problemas de comprensión lectora y escritura por culpa de la Inteligencia Artificial. El uso de esta herramienta en el ámbito de la justicia ha comenzado a mostrar sus primeros problemas. Órganos como la Audiencia Provincial de Tarragona o el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han tumbado recientemente varios recursos redactados por letrados tras detectar una argumentación confusa y basada en datos erróneos. Uno de los casos se produjo en Reus, donde un magistrado del TSJC denunció haber presentado un escrito de 90 folios lleno de redundancias. La propia resolución judicial constató que la extensión desmedida y la falta de claridad en la redacción evidenciaban un uso "poco riguroso" de esta tecnología.
La redacción final
Aunque el empleo de estos programas puede agilizar tareas administrativas o la búsqueda de antecedentes, la falta de revisión acaba generando errores. Desde los tribunales se advierte de que pedir a una aplicación que redacte íntegramente una demanda o un recurso supone obviar las variables específicas de cada caso. Entre los principales peligros detectados en los últimos meses destacan la creación de fundamentaciones jurídicas absurdas, la inclusión de extractos descontextualizados y, en los escenarios más graves, la invención de sentencias que nunca han existido. A esto se suma el riesgo de vulnerar la normativa de protección de datos al volcar información confidencial en estas plataformas.
Formación y responsabilidad
Aunque la intención no es prohibir la tecnología, piden frenar su "mala praxis" cuando intercede en el deber de defensa. Si el contenido generado es correcto y se ajusta al derecho, su uso no supone ningún inconveniente legal. El colectivo colegial admite que la falta de conocimientos específicos lleva en ocasiones a emplear estas herramientas, por lo que se prioriza la formación para garantizar que la comprobación y la deontología prevalezcan siempre.