La abogada General del TJUE avala la multa de más de 4.000 millones a Google por abuso de posición dominante
La recomendación de la abogada General del TJUE, Juliane Kokott, es desestimar el recurso de Google contra la millonaria multa
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La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la multa de más de 4.000 millones de euros que Bruselas impuso a Google por abuso de posición dominante con Android. La recomendación de Juliane Kokott, máxima autoridad del TJUE, es rechazar el recurso presentado por la tecnológica estadounidense.
El caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a la compañía con una multa de 4.340 millones de euros --rebajada por el TJUE un 5%, a 4.124 millones, en una sentencia de 2022-- por abuso de posición dominante, por imponer a fabricantes de dispositivos móviles y operadores de redes móviles restricciones contractuales, a favor de sus herramientas 'Google Search' y 'Chrome'.
Google obligaba a los fabricantes a preinstalar las aplicaciones de búsqueda y navegación de la marca ('Google Search' y 'Chrome') como condición para poder obtener una licencia para 'Play Store' y les exigía no vender dispositivos equipados con versiones alternativas a su sistema operativo, Android, no autorizadas por la compañía.
También incluía cláusulas de "reparto de ingresos" con las que supeditaba la participación de los fabricantes y de los operadores de redes en los ingresos por publicidad al requisito de que no preinstalaran ningún otro servicio de búsqueda general en los dispositivos incluidos en una cartera predeterminada.
La recomendación de la abogada General del TJUE : rechazar el recurso de Google contra la multa
La Abogada General del TJUE, Juliane Kokott , en sus conclusiones, que no son vinculantes pero que suelen marcar el sentido de la gran mayoría de sentencias, propone desestimar el recurso de casación de Google y confirmar con ello el primer fallo dictado por el Tribunal General en 2022 que confirmó la multa.
En la defensa del caso, el Ejecutivo comunitario argumentó que con las restricciones impuestas, Google perseguía el objetivo de proteger y reforzar su posición dominante en el ámbito de los servicios de búsqueda general y sus ingresos fruto de anuncios publicitarios asociados a dichas búsquedas, en un momento en el que la relevancia del Internet móvil aumentaba de forma significativa.
El Ejecutivo comunitario concluyó que, debido a su objetivo común y a su interdependencia, las restricciones controvertidas supusieron una infracción única y continuada. Google, por su parte, recurrió la sanción ante la Justicia europea, pero la Abogada General considera que los argumentos jurídicos invocados por la tecnológica son inoperantes.