¿Cuándo comienza la jornada laboral de 35 horas semanales que disfrutarán la mayoría de los funcionarios?

La reducción de la jornada laboral en España avanza lentamente y a distintas velocidades dependiendo de los empleadores. En las próximas semanas serán los funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado los que se vean beneficiados de una rebaja que tardará en alcanzar a todos, pero que ya disfrutan otros colectivos como los pertenecientes a la Administración Local. Desde finales de los 70 del siglo pasado, esta rebaja de las horas que trabajamos cada semana es motivo de enfrentamientos entre sindicatos y organizaciones empresariales en un entorno productivo y tecnológico en constante cambio y transformación.

Una medida pendiente de aprobación

En este sentido, la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor en marzo, una vez supere el último trámite pendiente en la c. El Gobierno ya ha iniciado el procedimiento para aplicar esta reducción, en cumplimiento del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI firmado con CCOO y UGT. Los sindicatos dan por hecho que la resolución será publicada antes de que termine el mes, lo que permitirá que la nueva jornada se aplique de forma inmediata al personal del sector público estatal.

La medida afectará a todo el personal de la Administración General del Estado y del sector público estatal, con algunas excepciones temporales. Instituciones Penitenciarias y el personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla requieren una instrucción específica debido a la organización particular de sus jornadas, por lo que su aplicación se retrasará previsiblemente hasta abril. Según UGT, no será necesario incrementar la contratación para asumir la reducción horaria, ya que la reorganización interna permitirá absorber el cambio sin impacto estructural en las plantillas.

La implantación de las 35 horas en la AGE tiene un alcance que va más allá del ámbito estatal. UGT considera que esta decisión actuará como una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de los trabajadores españoles. El sindicato recuerda que casi el 90 % de la administración local ya opera con este límite desde hace años y señala que varias comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, habían condicionado su aplicación a que el Estado diera el primer paso. La previsible entrada en vigor en marzo, por tanto, abre la puerta a que otras administraciones aceleren su adaptación y a que la negociación colectiva en el sector privado incorpore con más fuerza esta referencia.

Más allá del sector público, la medida reaviva el debate sobre la reducción de la jornada máxima legal, actualmente fijada en 40 horas semanales. UGT lamenta que el Congreso rechazara hace menos de un año la propuesta de rebajarla a 37,5 horas, una decisión que, según el sindicato, supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del empleo y la productividad. La entrada en vigor de las 35 horas en la AGE no modifica la legislación general, pero sí introduce un precedente relevante ya demuestra que es posible reorganizar el trabajo sin pérdida salarial y sin impacto negativo en el funcionamiento de los servicios públicos.

Décadas de lento avance

La reducción de la jornada laboral en España vivió su gran punto de inflexión en la primera mitad de los años ochenta. Tras décadas con límites que habían llegado a las 48 horas semanales —vigentes hasta 1976, cuando se rebajaron a 44—, el Estatuto de los Trabajadores de 1980 situó el máximo en 42 o 43 horas según el tipo de jornada. El cambio decisivo llegó en 1982, cuando el recién elegido Gobierno de Felipe González impulsó la jornada de 40 horas semanales, una reivindicación histórica del movimiento obrero. La medida se aprobó a finales de ese mismo año y entró en vigor en 1983, acercando el marco laboral español a los estándares europeos, según informa El Diario.

La implantación de las 40 horas no estuvo exenta de conflicto. La patronal, especialmente el sector financiero, se opuso frontalmente al considerar que la reducción debía ir acompañada de ajustes salariales, lo que desencadenó una intensa batalla política, judicial y negociadora. Los tribunales acabaron avalando la aplicación inmediata del nuevo límite, aunque también reconocieron la posibilidad de distribuir irregularmente la jornada anual, una fórmula que se consolidó como herramienta de flexibilidad para las empresas.

Desde entonces, la jornada máxima legal no ha vuelto a modificarse, manteniéndose en 40 horas durante cuatro décadas. Sin embargo, el debate ha resurgido en los últimos años, con nuevas propuestas de reducción —como la planteada recientemente hacia las 37,5 horas— que evocan aquel precedente histórico de los años ochenta y reabren la discusión sobre el equilibrio entre productividad, empleo y condiciones laborales en España.