El texto del real decreto señala que a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2011, "las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo".
Especifica que no podrán acudir a ese recurso "en cualquiera de sus modalidades para la financiación de sus inversiones ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización, o ambos".
Además, el texto aclara que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en la Ley de Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.