El Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea tienen una postura contraria a la propuesta del PSOE de eliminar de forma gradual el dinero en efectivo, “con el horizonte de su desaparición definitiva”, que ha llevado al Congreso en una proposición no de ley. La iniciativa, según informa 'El País', vulnera los principios del tratado de la Unión Europea el que establecen que los billetes y monedas de euros son de curso legal, lo que imposibilitaría que el Gobierno tomara esta medida.
La Comisión Europea fijó su postura sobre el asunto en 2010, cuando determinó que "la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas". Añadía, además, que "una denegación de esta forma de pago solo debería ser posible si se basa en razones relacionadas con el principio de buena fe, como que el minorista no tenga cambios disponibles".
Por otra parte, la media que estudia el Ministerio de Hacienda de rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico entre particulares, quizás este mismo año, también es contraria a la posición del BCE. La autoridad monetaria considera que es "desproporcionada" porque entiende que limitar en exceso el uso de billetes o favorecer su desaparición perjudicaría a los colectivos sociales más vulnerables, como los ancianos, inmigrantes y habitantes de las zonas rurales. Esta posición del BCE, que no es vinculante, se manifestó en febrero de 2019, pero sigue vigente, según informa 'El País'.
El Banco Central dijo entonces que considera la reducción del límite de pagos en metálico hasta los 1.000 euros “desproporcionada, a la luz del impacto potencialmente adverso que originaría en el sistema de pagos en efectivo. De hecho, este límite dificulta la liquidación de transacciones legítimas y pone en peligro el concepto de moneda de curso legal consagrado en el Tratado”.
En una carta firmada por el propio Mario Draghi, expresidente del BCE, se advierte de que acabar con el efectivo podría ser un problema cuando hubiera fallos en “las infraestructuras técnicas subyacentes utilizadas por los proveedores de servicios de pago”, es decir, problemas de suministro eléctrico o de la red de Internet.
Además, recordaba al Gobierno que “el efectivo es aceptado por todos, rápido y facilita el control sobre el gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por el uso de este medio de pago”. De esta forma hacía alusión a que el uso de las tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones imposibles de eludir sin se hace obligatorio el uso de las transacciones electrónicas.
En 2019 el Gobierno también barajó limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo realizados por personas físicas que no son residentes fiscales en España. El BCE dijo que esta medida no estaba justificada y que la sanción establecida en el anteproyecto de ley, el 25% de la cantidad pagada, “parece desproporcionadamente alta”.