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El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acudió hace días a la fábrica de aceros de Taranto, que amenaza con echar el cierre y dejar en la calle a cerca de 10.000 trabajadores. Intentó calmar los ánimos afirmando que no tiene “una solución en la mano” y decenas de ellos le acosaron a las puertas de la instalación.
Había quienes pedían clausurar la planta por su contaminación, ex trabajadores y empleados desencantados con los sindicatos. La crisis se ha convertido ya en una bomba por su impacto económico para el Gobierno, que teme aún más el estallido social que podría provocar el despido de miles de personas.
Días antes de la visita de Conte, la propietaria de la fábrica, la compañía franco-india ArcelorMittal, había comunicado su decisión de abandonar el negocio. Su gestión comenzó sólo hace un año, cuando firmó un acuerdo con el Gobierno italiano para hacerse cargo de la siderúrgica, considerada la mayor de Europa, e invertir en ella 4.000 millones de euros.
La acería nació en 1961, controlada por el Estado, bajo el nombre de Ilva. Fue una de las grandes fuentes de empleo para el sur de Italia durante décadas, pero en los noventa no sobrevivió a la fiebre de las privatizaciones. La compró entonces el grupo siderúrgico italiano Riva, al que en 2012 le retiraron el contrato tras una investigación por los altos niveles de contaminación que emitía la planta.
Para proteger el empleo, el Ejecutivo creó una ley que exoneraba de responsabilidad civil a un potencial comprador mientras adecuaba el sistema de producción a los estándares medioambientales y con estos términos convenció a ArcelorMittal en 2018.
El cierre por motivos ecológicos fue durante años una de las batallas del Movimiento 5 Estrellas (M5E), que en las últimas generales consiguió en la región de Puglia, donde se ubica la fábrica, un 45% de los votos. Sin embargo, cuando llegó al Gobierno se dio de bruces con la realidad y el líder de la formación, Luigi Di Maio, entonces ministro de Trabajo, se vio enfangado en esta crisis sin poder cerrar la planta y proteger el empleo al mismo tiempo.
Hasta que el M5E cambió la coalición con la ultraderechista Liga por los socialdemócratas del Partido Democrático (PD). Di Maio, contrario a la alianza con el PD, perdió la batalla y también el control del grupo parlamentario. Así, una quincena de diputados ‘grillinos’ impulsaron en el Parlamento una moción para retirar esa ley que protegía a la empresa que comprara Ilva y que ahora le ha servido a ArcelorMittal para justificar su marcha.
El mayor productor de acero del mundo entiende que sin la protección legal no puede seguir operando e impuso como condiciones para continuar que se reinstaure la ley, rebajar los objetivos de producción y que el Gobierno les permita despedir a 5.000 trabajadores. El primer ministro calificó las exigencias de la empresa como “inaceptables”, por lo que ArcelorMittal pretende apagar los altos hornos.
La última bala que le queda al Gobierno es un recurso interpuesto ante los tribunales para que estos impidan cesar la actividad. De momento, tras un primer examen de los jueces se ha paralizado la decisión. Sólo en Taranto la plantilla supera las 8.000 personas, mientras que otras 2.000 están repartidas por otras fábricas de la compañía en Italia. Los sindicatos, que se oponen al plan de la compañía, temen que la crisis deje en la calle a todo el personal.
“Lo ocurrido con Ilva es el espejo perfecto de la política del M5E cuando estaba en la oposición y ahora que está en el Gobierno. Se libra una batalla identitaria, ya que el partido mantiene esa posición contraria a la industria y de defensa del medio ambiente; pero, sobre todo, hay una disputa política entre el grupo parlamentario y el primer ministro”, señala Massimiliano Panarari, profesor de Ciencia Política de la Universidad Luiss y experto en el M5E.
Conte ha asumido las riendas de la negociación, con el desgaste que conlleva un conflicto de este tipo con pocas perspectivas de éxito. Porque ni logra convencer a la empresa, cuya decisión parece firme, ni tampoco tiene el control sobre los diputados que tumbaron la ley que exime de responsabilidades a ArcelorMittal. Además, reinstaurar la norma sería interpretado como un chantaje de la compañía.
Los expertos señalan que los verdaderos motivos del grupo siderúrgico son económicos, ya que desde que se hicieron cargo de la planta habrían perdido más de 500 millones de euros. “La única razón para haber llegado hasta aquí es que la sociedad pretende ahorrar costes. Y por encima de eso, aplicar una ley específica para beneficio de una empresa sería inconstitucional”, opina Ugo Arrigo, profesor de Economía Política de la Universidad Bicocca de Milán.
El Gobierno explora la posibilidad de intervenir la empresa o renacionalizarla parcialmente, con la inversión de varias empresas públicas. Según el profesor Arrigo, “es una solución muy costosa, pero parece la única vía para seguir adelante y conservar los empleos”. “Con las privatizaciones, el Estado pensó que sería capaz de funcionar desprendiéndose de la actividad industrial, que se ha demostrado fallida en manos de multinacionales, y ahora sólo le queda intervenirla y esperar después que llegue otro comprador”, añade.
Di Maio ya se quemó con este tema y ahora observa cómo Conte, al que nunca le perdonó el pacto con el PD que ha dejado su liderazgo más que debilitado, sigue el mismo camino. “El primer ministro lleva tiempo diseñándose un perfil centrista muy distinto al del origen del M5E, por lo que las divisiones internas ponen de nuevo en riesgo a un Ejecutivo que es incapaz de plantear un proyecto político”, apunta Massimiliano Panarari.
Los socios de Gobierno del M5E mantienen una posición ambigua. Todos intuyen que la crisis terminará con un buen número de despidos. Y ahí espera la Liga de Matteo Salvini, que subraya que los progresistas no protegen a los trabajadores, chocan con las empresas y además vacilan con sus políticas medioambientales. En esas realidades de depresión postindustrial es donde sigue ampliando su electorado la Liga. Del 6% de las generales del 2018 pasó al 25% en las europeas de este año en Puglia. Mientras que en otras regiones que fueron bastiones comunistas prosigue su avance.