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El decreto ley sobre los ERTE que defenderá Yolanda Díaz es la prórroga del sistema especial de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), hasta el 30 de septiembre, y con el que se pretende fomentar la vuelta a la actividad de los trabajadores que aún siguen con su relación laboral suspendida, proteger a aquellos que todavía no pueden salir del ERTE y ayudar a las empresas a sostener sus plantillas mediante rebajas en sus cotizaciones.
Sumando los ERTE y las prestaciones de autónomos para hacer frente a la pandemia de covid, los recursos que se han empleado para ello han superado los 19.000 millones de euros, a los que hay que añadir los 2.000 millones de euros que costará esta nueva prórroga de cuatro meses de ambas medidas.
La extensión de los ERTE hasta el 30 de septiembre, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los agentes sociales, mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores vigente hasta el 31 de mayo, aunque con cambios en las bonificaciones de cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social, que ahora irán desde el 60% al 100%, concentrándose las más altas en la reincorporación de trabajadores a la actividad.
El esquema de los ERTE que estará en vigor hasta el 30 de septiembre mantendrá las tres modalidades actuales: los destinados a los sectores 'ultraprotegidos' y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación, los dos últimos pensados para restricciones administrativas temporales adoptadas como medida de freno a los contagios de Covid (reducción de aforos o prohibición de apertura, por ejemplo).
Asimismo, la prórroga de los ERTE mantendrá el compromiso de mantenimiento del empleo, que empezará a contar por otros seis meses, así como la prohibición a las empresas que hagan ERTE de despedir, interrumpir contratos temporales, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias y externalizar actividad.
Los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora, como hasta ahora.
También incluye la prórroga del Plan Me cuida, que permite a los trabajadores adaptar la jornada, medidas de protección social para los trabajadores de la cultura, y las medidas de protección especial dirigidas a los trabajadores autónomos.
Así, la prestación extraordinaria por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia está disponible desde el 1 de junio para autónomos que a 31 de mayo vinieran percibiendo dicha prestación y no hayan agotado los periodos de prestación previstos. Así, podrán continuar percibiéndola hasta el 30 de septiembre, siempre que durante el segundo y tercer trimestre de este año cumplan con los requisitos.
El acceso a la prestación exigirá acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 una reducción de más del 50% de los rendimientos registrados en el segundo y tercer trimestre de 2019, así como no haber obtenido nos rendimientos netos superiores a 7.980 euros en 2021. Para el cálculo de la reducción de ingresos, se tendrá en cuenta el periodo en alta en el segundo y tercer trimestre de 2019 y se comparará con el segundo y tercer trimestre de 2021.