"Me desahucian y es absolutamente legal, pero no es justo" dice con impotencia Rafa Heras. Lo dice con impotencia mientras empaqueta 21 años de recuerdos para dejar su casa. Su caso no es el único porque unos 60 vecinos corren la misma suerte. El goteo de camiones de mudanza es constante en el número 8 de la Aben Al-Abbar de Valencia.
El fondo Lazora, que posee unas 7.000 viviendas en alquiler en España, ha adquirido el edificio al anterior propietario, el grupo Enero 97 S.L. Con la venta llegaron los problemas. A medida que los contratos iban venciendo, Lazora comunicaba a los inquilinos vía burofax que no se iban a renovar. Rafael cuenta cómo comunicarse con el nuevo propietario resultaba muy complicado. Al final le dieron tres meses para organizar su mudanza. Natacha Mañes asegura que llamó a un teléfono de Lazora en Madrid en dos ocasiones y era "como llamar al Muro de las Lamentaciones" porque la persona que la atendía nunca sabía nada, asegura Natacha.
Ascensión Barberá tiene 88 años y asegura que lo ha pasado muy mal. No tiene hijos y "tengo que resolvérmelo yo todo. Es una faena". Ahora está agobiada "cambia médico, busca muebles y paga más porque los alquileres están cada día más altos" explica Ascensión " una habitación cuesta unos 400 euros y les interesa más que yo, que pago casi 700 euros aquí".
Otro vecino, Salvador que lleva 17 años en el barrio, tendrá que irse. "Me enteré a través del portero" Ya ha buscado casa "me iré y lejos porque los precios que se han puesto en Valencia son imposibles. Apura haciendo las maletas y recogiendo todos sus enseres porque su camión llegará en apenas dos días.
España es un caso atípico en lo que se refiere a la propiedad de las viviendas en alquiler. El 96% de los inmuebles (unos 2,3 millones) está en manos de pequeños propietarios y solo el 2,5% está en manos de propietarios institucionales privados, la mayoría fondos de inversión.
Los fondos ganaron peso en España, sobre todo, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. En plena crisis, Blackstone adquirió el parque de 1.800 viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Bancos como Caixabank, Sabadell, Bankia y Azora, el comprador del edificio de Valencia, es el quinto fondo del ranking de grandes propietarios de vivienda en España. Destinan las viviendas a alquiler de larga duración y se han opuesto frontalmente a una eventual regulación del precio del alquiler.