PSOE y Unidas Podemos acuerdan regular la intervención de los precios del alquiler en cuatro meses
La ley permitirá limitar o bajar los precios en mercados tensionados
Es el “mayor grado de intervención pública en el mercado europeo”
Acuerdo imprescindible para aprobar los PGE 2021
PSOE y Unidas Podemos han acordado llevar al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses la Ley de Vivienda que limitará y eventualmente bajará, los precios de alquiler en zonas de mercado tensionadas.
La regulación del alquiler, junto con tres enmiendas de mejora al funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), han permitido cerrar un acuerdo entre las formaciones que integran el Gobierno de coalición para los Presupuestos de 2021, que hoy se aprueban en el Consejo de Ministros.
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Según el acuerdo, la Ley de Vivienda, que en estos momentos se encuentra en información pública previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se elaborará conjuntamente con la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030. La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses.
La norma establecerá para las zonas de mercados tensionado mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes.
Para determinar dichas zonas se usará la información obtenida por los sistemas de índices de referencia de precios de alquiler, que desarrollará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana conforme a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
Se habilitará a las administraciones locales para que puedan declarar "de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler".
Según ha explicado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, esta regulación de los alquileres será la de “mayor grado de intervención pública en el mercado europeo” y se hace “para garantizar el derecho a la vivienda de la Constitución”.