¿Estarías dispuesto a dejar de arrendar tu piso como vivienda turística y pasarlo a alquiler social?
Parte de los propietarios de viviendas turísticas estarían dispuestos a ofrecerlas como viviendas protegidas si siguieran dándoles ingresos, según un estudio
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Cerca del 24% de la población está en riesgo de exclusión en materia de vivienda en España, y 4,6 millones de personas viven en hogares con condiciones inadecuadas, según el observatorio Housing Rights Watch. No es casual que el acceso a una vivienda en condiciones dignas se haya convertido en una de las principales preocupaciones sociales, económicas y políticas del país.
El alquiler turístico, el gran señalado
El encarecimiento del alquiler, la escasez de vivienda pública, la especulación inmobiliaria o la precariedad laboral son algunas de las causas estructurales del problema, aunque quizás el gran señalado en los últimos años sea el incremento del alquiler turístico de la mano de plataformas como Airbnb, que han operado en un contexto de escasa regulación y que han jugado un papel fundamental en la gentrificación de las grandes ciudades.
El número de propietarios que destinan sus inmuebles al turismo de corta estancia, especialmente en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o Málaga, ha crecido exponencialmente en la última década debido, principalmente, a los mayores ingresos que ofrece respecto al alquiler tradicional.
Sin embargo, este fenómeno ha traído aparejado una mayor escasez de oferta de vivienda para residentes, incremento de precios en barrios céntricos y la expulsión de muchos vecinos, transformando el tejido social de muchas zonas y evidenciando la necesidad de una regulación más estricta.
Motivar a los propietarios
En ese contexto, una de las soluciones que cada vez cuenta con más apoyo entre expertos en vivienda es la de transformar parte de ese parque de pisos turísticos en vivienda de alquiler social o asequible. Pero, ¿estarían dispuestas las personas arrendadoras de viviendas turísticas a compartir su propiedad bajo alguna fórmula de viviendas protegidas?
"En general, la predisposición a destinar el piso en formato de alquiler social o protegido es media-baja entre el conjunto de personas propietarias. Sin embargo, es interesante destacar que existen diferencias según sus intereses. Las personas cuya motivación principal es económica están más predispuestas a cambiar a alquiler social si les sigue dando ingresos mediante contratos subvencionados", explica el catedrático de los Estudios de Economía y Empresa Francesc González Reverté, coautor de un estudio sobre el tema publicado en la revista 'Cities'.
"En cambio, quienes tienen motivaciones de carácter social —como conocer gente o compartir experiencias— son algo más reacios, pero consideran la opción de alquiler social siempre que les siga aportando beneficios derivados de socializarse", añade el experto.
"Existe potencial para que esas pequeñas propietarias con su vivienda en alquiler turístico la ofrezcan en alguna modalidad de vivienda social", comparte el otro coautor del estudio, el investigador Pablo Díaz Luque, del grupo Nuevas perspectivas en turismo y ocio (NOUTUR), adscrito a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Pero "la concienciación social o altruista que puedan tener las personas propietarias no conduce a nada si no va acompañada de políticas de subsidio para la conversión de su vivienda en alquiler social".
Es decir, sin compensaciones o incentivos por parte del Estado a los propietarios que pierden rentabilidad esta propuesta no parece destinada a ser una solución. Su éxito dependería de la voluntad política, de una regulación clara y valiente, y de una visión de ciudad centrada en el derecho a la vivienda por encima del beneficio privado.
"Nuestra posición es reflexionar sobre una tercera vía ante el problema de la vivienda temporal que exige la negociación entre actores en lugar del conflicto y la confrontación, para así aprovechar los recursos —las viviendas— de elevado valor social potencial", concluye González Reverté. "Para poder pasar de una situación hipotética ideal —el potencial que ofrecen las personas propietarias— a una de real —transformar las viviendas a alquiler social—, hacen falta políticas de intervención sólidas".