La huelga indefinida que han comenzado este martes los más de 4.000 letrados de la Administración de Justicia, antes conocidos como secretarios judiciales, está causando cierta inestabilidad. Protestan porque en los últimos años han tenido que asumir gran parte de las responsabilidades que antes recaían en los jueces, sin que esta sobrecarga de trabajo se haya visto reflejada en sus nóminas.
Son los encargados, entre otras tareas, de toda la organización logística de la Oficina Judicial. Esta huelga, por tanto, podría ocasionar serios problemas en los juzgados: hablamos de hasta 10.000 juicios suspendidos al día en toda España y paraliza practicamente todos los trámites. Además, el seguimiento, según los convocantes, está siendo alto. Según sus estimaciones, es del 81%, mientras que en el ministerio hablan de un 28%.
Para entender lo que supone el parón indefinido de los letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios que trabajan en los juzgados no pueden ejecutar sus funciones sin las instrucciones de estos profesionales, igual que en las salas los magistrados no pueden tomar declaración sin que ellos den fe. Por ejemplo, en Valencia, de los 1.600 juicios que había previstos, se han cancelado en torno a 700. Lo que piden es que, igual que han aumentado sus competencias desde 2009, también aumenten sus salarios.
En definitiva, son la figura intermedia entre los jueces y los funcionarios de la Administración, los responsables de autorizar casi todos los trámites de la justicia. Desde resoluciones, notificaciones, emplazamientos, requerimientos. Por ejemplo, sin la firma del letrado se paralizan los pagos judiciales a particulares: hablamos de pagos de manutención, deudas, indemnizaciones o de multas y depósitos. Además, es la figura que otorga los poderes para pleitos u organiza la dación de cuenta.