El diputado del PP, Alberto Casero, pide la suspensión de militancia tras la decisión del Supremo de procesarle
El diputado del PP, Alberto Casero, será juzgado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos
Alberto Casero se hizo famoso al equivocarse varias veces en el Congreso y votar en contra de la posición del propio Partido Popular
¿Cuántos tipos de malversación existen y qué penas tienen?
El diputado del PP, Alberto Casero, ha solicitado la suspensión de militancia del partido, después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación, según han informado fuentes de la cúpula del Partido Popular. El militante del PP se hizo famoso tras equivocarse varias veces en el Congreso y votar contra su propio partido.
Por el momento, el PP no se ha expresado sobre si Alberto Casero seguirá en su escaño de diputado, porque pertenece al parlamentario como ya sentenció el Tribunal Constitucional.
MÁS
Lío y sainete en el Congreso: el fallo de Alberto Casero, diputado del PP, permite aprobar la reforma laboral
Los mejores memes sobre Alberto Casero al volver a votar contra el PP: "Está cómo para hacer un Bizum"
Alberto Casero, el diputado del PP que apoyó la reforma laboral, falló en dos votaciones más
En concreto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha acordado procesar a Alberto Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
Alberto Casero, los cargos contra el diputado del PP
El magistrado del Tribunal Supremo explica en su resolución que los hechos atribuidos a Casero "están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y órgano de contratación en el mismo entre marzo de 2017 y diciembre de 2018.
El entonces edil del PP habría concertado con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa".
Apunta que, si bien esa normativa en algunos supuestos no establecía "unos exigentes requisitos de validez" --en general eran contratos menores--, "sin embargo sí establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato".