La noticia de Ana Obregón, convertida en madre a los 68 años por gestación subrogada, muy criticada en redes sociales, ha llegado al Congreso de los Diputados. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha señalado que el Gobierno debe plantear "una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores" aunque "no esté de acuerdo" con la gestación subrogada.
"El Gobierno no está de acuerdo ni tampoco la oposición, somos el único partido que lo plantea. Con este sistema de gestación subrogada, ¿Cuántas personas famosas de nuestro país tienen esta familia a través de este sistema?", ha preguntado Bal en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, en referencia a la decisión de Ana Obregón de tener un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos.
No obstante, Bal ha rechazado el uso de la denominación de 'vientre de alquiler': "Es una terminología que no nos gusta nada. En el sistema que defiende Ciudadanos no se alquila ningún vientre, es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio".
En este sentido, ha explicado que otros países del entorno de España establecen un sistema de gestación subrogada "contra el pago de un precio". "Pero hay otros países del mundo que lo establecen de una forma altruista, al objeto de poder posibilitar que una persona, por las razones que sea, no pueda engendrar hijos de una manera natural, pueda conformar la familia que quiere o que tiene en mente", ha dicho.
Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha señalado que en España lo que "más preocupa actualmente es la situación de inseguridad jurídica en donde viven los niños". "Estamos siempre hablando del vientre de alquiler pero no nos fijamos en los niños", ha lamentado.
En concreto, ha hecho referencia a una sentencia del Tribunal Supremo "que ha negado la posibilidad de que la filiación no sea nada más que por adopción". "Nos encontramos en una situación de inseguridad en la que tendríamos que pensar en que el Gobierno planteara una regulación jurídica que diera seguridad para el mantenimiento de los derechos de los menores, que es un interés superior de nuestro ordenamiento jurídico", ha incidido.