Informes de objetivos y autorización previa: así daban los jefes de ETA permiso a sus comandos para matar a políticos según dos arrepentidos
El testimonio de dos terroristas refleja que la dirección de la banda terrorista debía autorizar siempre los atentados contra políticos o civiles
Dignidad y Justicia ha pedido que su testimonio se incorpore a nueve procedimientos, donde se investiga la responsabilidad de la cúpula de ETA en los atentados
“Tenían todo preparado para dar respuesta a la liberación de Ortega Lara”, declaró uno de ellos sobre el asesinato del concejal Miguel Angel Blanco
MadridSu nombre oficial permanece en el anonimato, y su apelativo jurídico, un compendio de nombres y letras similares a la matrícula de un coche y pensados para mantener su anonimato, dejó huella en el sumario 1/2023, el primero abierto este año por la Audiencia Nacional. Allí y de forma discreta durante más de 30 folios, el pasado 3 de febrero dos arrepentidos de la banda terrorista ETA se convirtieron en testigos protegidos. Delante de los agentes de Información de la Guardia Civil comenzaron a relatar la estrategia real de la banda durante los años del plomo, los responsables que daban las órdenes, quienes coordinaban los atentados y una suerte de datos importantes sobre ataques y asesinatos todavía sin resolver en España.
En uno de los puntos más importantes de esta declaración, los dos arrepentidos dejan claro que los atentados más importantes, y sobre todo aquellos que tenían como objetivo a políticos y cargos electos, debían ser primero autorizados por la dirección de la banda. “Por ejemplo, para realizar algún secuestro, sí que había que consultarlo con la dirección y recibir autorización de los miembros de la misma. Contra guardias civiles o fuerzas de seguridad no había que consultar, ya que anteriormente la Dirección dio vía libre para llevar a cabo este tipo de acciones. Contra políticos sí que había informaciones que nos dieron”, llega a explicar uno de los arrepentidos, que militó en la banda hasta hace poco más de 20 años.
“Esas informaciones ya venían elaboradas y venían de nuestro responsable del comando en Francia. En acciones específicas como las cometidas contra varios camiones de empresas por no pagar el impuesto revolucionario, sí que había una autorización previa por parte de los miembros de la dirección”, apuntalaron. Sobre el secuestro de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, el primero de los testigos protegidos, militante histórico de la banda y que pasó largos años de condena dentro del movimiento de presos de ETA, explicó que la dirección de la banda “tenía todo preparado para dar respuesta a la liberación por Guardia Civil del citado funcionario y que se materializó con el secuestro” del concejal del Partido Popular en Ermua. El segundo arrepentido, en activo en esas fechas, explicó que su principal contacto con la cúpula de ETA era Soledad Iparraguirre, alias Amboto, aunque “también tuve citas con Kantauri y con Mikel Antza”.
Autoría mediata
Así, las dos declaraciones forman parte de una pieza abierta en la Audiencia Nacional, donde ambos relataron los detalles que conocen sobre el funcionamiento de la banda con nombres y apellidos. En varios casos, su información viene a refrendar asesinatos ya resueltos o con autores materiales condenados, pero abiertos todavía por razones de autoría mediata, es decir, al considerar que los miembros de la cúpula de ETA usaron a sus comandos como herramienta para asesinar a su antojo e intentar después quedar exentos de responsabilidad penal.
Con esto sobre la mesa, la asociación Dignidad y Justicia, impulsora de la reapertura de una decena de estas causas, ha pedido que se incorpore el testimonio de estos dos arrepentidos a nueve investigaciones distintas, donde se acusa ahora a los miembros de la cúpula de ETA de ordenar estos asesinatos, o al menos de no haber dado la orden para evitarlos. Según ha podido confirmar NIUS, se trata de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez, el atentado con coche bomba en Barajas en 2006, el de Santa Pola en 2002, el del magistrado del Supremo Juan Francisco Querol, que fue asesinado junto a su escolta y su conductor, el de la comisaría de Ondarroa en 2008, el de dos policías asesinados con una bomba lapa en Sangüesa en 2003, el del miembro del PP Jesús María Pedrosa Urquiza, asesinado por ETA en 2000 y en el procedimiento que el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional sigue contra miembros de la cúpula de ETA por presuntos delitos de Lesa Humanidad, impulsado también por esta plataforma.
