El juez del 'caso Begoña Gómez' rectifica: encarga un informe sobre una empresa de Juan Carlos Barrabés, no sobre Globalia
El juez Peinado rectifica y explica que su intención era reclamara la IGAE un informe sobre una empresa de Barrabés, no sobre Globalia
La Audiencia excluyó del 'caso Begoña Gómez' el rescate a Air Europa
El juez a cargo del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha rectificado y ha explicado que el pasado 26 de mayo tenía intención de reclamar a la Intervención General de la Administración del Ebstado (IGAE) un informe pericial sobre una de las empresas del investigado Juan Carlos Barrabés, y no sobre Globalia --como decía en su resolución--.
"Líbrese oficio a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) a fin de que deje sin efecto la petición de informe realizado por este juzgado respecto del rescate de Globalia - Air Europa", señala en un auto dictado este mismo viernes.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid corrige así el encargo sobre el mencionado informe relativo a la aerolínea. Según explica ahora, tras dictar aquella resolución se percató que el informe de la IGAE debía versar sobre Innova Next SLU, una de las empresas de Barrabés, y no sobre Globalia.
El instructor seguirá indagando el presunto tráfico de influencias que se le atribuye a Begoña Gómez
Peinado mantiene así la solicitud que efectuó en junio del pasado año sobre "los contratos objeto de la investigación y sobre las posibles irregularidades en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU".
Cabe recordar que, aunque el juez en un principio tenía intención de indagar en el rescate de Air Europa, la propia Audiencia Provincial dejó claro el pasado 16 de mayo que la ayuda pública a dicha aerolínea debía quedar "fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción".
Así las cosas, el instructor seguirá indagando en la línea de investigación relativa al presunto tráfico de influencias que se le atribuye a Begoña Gómez, a quien se le acusa de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios --como Barrabés-- que se presentaban a licitaciones públicas.