Caso Koldo | Nueva salida en Sumar, la diputada Àgueda Micó se pasa al grupo Mixto

José Luis Ábalos y Koldo García han comparecido este lunes ante el juez Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Tanto el exministro de Fomento como su exasesor, han acudido tras ponerse de acuerdo en lo que iban a decir, por lo que no parece que lo declarado ayude a esclarecer, por el momento, la estructura y trama presuntamente corrupta.

Ábalos ha negado incluso que la voz recogida en los audios transcritos por la UCO sea la suya y no ha involucrado a su sucesor, Santos Cerdán, al frente de la secretaría de Organización del PSOE.

Muy diferente ha sido el paso de Koldo García por el Supremo, el exasesor de Ábalos se ha negado a testificar acogiéndose a su derecho constitucional.

A pesar de todo, el juez Puente no ha querido mandarles a prisión a pesar de los "sólidos indicios de criminalidad" que aprecia en ambos investigados. Mantiene los controles y obligaciones por lo que eluden su ingreso a prisión.

 La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha mostrado este lunes su rechazo a los comportamientos conocidos en el caso Koldo y ha instado a afrontar la corrupción y reducirla "a la nada" con decisiones nuevas que sirvan a los ciudadanos.

Durante la presentación de su libro 'Nosotras. El feminismo en la democracia' (Ed. Planeta) en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Calvo ha enfatizado en la colaboración de su partido "para que todo esto se sepa y rindan cuentas" y ha subrayado que "el proyecto político tiene que continuar porque tiene 146 años y depende de muchos militantes honestos, de un electorado honesto y exigente y de un país al que servimos".

"En vez de convertir esto en un debate cainita, hay que buscar respuestas que a los ciudadanos les sirvan", ha dicho Calvo en su intervención, facilitada a EFE, en la que ha abogado por reformar la legislación que afecta a la ley de contratos del Estado y "poner el foco no solamente en quienes de manera tan indigna se corrompen sino también en los que quieren corromper a otros".

Calvo ha propuesto una "ley abolicionista y empezar a remirar modificaciones de la ley de contrato" que si se reforma "cortocircuitamos algunas posibilidades que ahora sabemos que existen" y ha reclamado la unidad de todos los que han manifestado su "repugnancia" ante estos comportamientos que, ha insistido, estaban en el ámbito de la vida privada de estas personas.

Iniciativa-Compromís ha subrayado que mantiene su "compromiso del 23J", deslizando la continuidad en Sumar en base al acuerdo electoral que alcanzaron, y ha apelado a "la unidad de la izquierda para luchar contra la corrupción" después de que el Consell Nacional de Més, el partido mayoritario de Compromís, haya aprobado este lunes con un 92,68% de los votos abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y adscribir su acción política al Grupo Mixto.

Respecto a esta decisión, ha enviado una mensaje a su socio al subrayar que "no es el momento de empequeñecer espacios ni de patriotismo de las siglas, sino de ampliar alianzas plurales del conjunto de las izquierdas para aportar esperanza, seguridad y ética al complejo momento que viven". Con ello, pone de manifiesto que la división dentro de Compromís sigue vigente, a la espera de que se reúna la ejecutiva nacional de la confluencia valenciana.

Sumar corre el riesgo de que cuatro diputados de la coalición pasen al grupo mixto del Congreso, ya que además de la inminente marcha de la portavoz de Compromís, Águeda Micó, es posible que se vayan el otro diputado de esta formación, Alberto Ibáñez, y los de Més per Mallorca y la Chunta Aragonesista.

Hace más de dos semanas que Compromís amenazó con dejar Sumar por no haberse atendido sus peticiones para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, y ahora las amenazas están a punto de cumplirse, al menos en el caso de Micó.

Esta diputada pertenece a Més, el principal partido de los tres que integran Compromís, cuya militancia ha votado este lunes en una consulta telemática a favor de que Micó abandone el grupo parlamentario de Sumar.

Ahora la duda es saber qué hará el otro diputado de Compromís en el grupo Sumar, Alberto Ibáñez, que pertenece a Iniciativa, un partido que está a favor de la permanencia en el grupo parlamentario.

Compromís quiere evitar a toda costa una ruptura interna y, con este objetivo, los integrantes de Més prevén convocar una ejecutiva del conjunto de la coalición valenciana para intentar convencer a sus compañeros de Iniciativa para que también dejen Sumar.

Si este plan diera sus frutos, el grupo parlamentario de Sumar perdería a sus dos diputados de Compromís, como ya ocurrió en diciembre de 2023 cuando Podemos rompió con sus socios de coalición electoral y cuatro diputados de la formación morada pasaron al grupo mixto.

Sumar corre el riesgo de perder a dos más: el de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, y el de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, en ambos casos por el malestar con las últimas informaciones del caso Koldo que salpican al PSOE y que han acabado con la dimisión del hasta ahora secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

Sumar ha mostrado su respeto a la decisión "democrática" de Més Compromís, que este lunes ha acordado que su diputada Àgueda Micó pase al Grupo Mixto, aunque intentarán seguir buscando un acuerdo para garantizar la presencia de la formación valenciana en el seno del grupo parlamentario.

Así lo han trasladado fuentes del Sumar, una vez que el Consell Nacional de Més, el partido mayoritario de Compromís, haya aprobado con un 92,68% de los votos romper con Sumar en el Congreso y que su diputada Àgueda Mico, actual portavoz adjunta del grupo plurinacional, pase al Grupo Mixto en el Congreso.

Estos resultados serán vinculantes para Micó aunque se trasladarán a una reunión de la ejecutiva de Compromís, donde esta formación continuará "buscando una respuesta conjunta con los socios de la coalición" valencianista.

En este sentido, Més buscará que Iniciativa le siga en su paso al Mixto pero fuentes de esta formación insisten a Europa Press que su criterio es rechazar que el otro diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, salga del grupo de Sumar en el Congreso.

El Consell Nacional de Més, el partido mayoritario de Compromís, ha aprobado este lunes, con un respaldo del 92,68 por ciento, que su diputada Àgueda Micó deje de formar parte del grupo Sumar en el Congreso de los Diputados y pase a adscribirse al Grupo Mixto.

Así lo ha decidido este lunes el Consell Nacional de Més -el máximo órgano de decisión del partido entre congresos- en una votación telemática, en la que se ha preguntado a los 237 miembros de este órgano si estaban de acuerdo con el posicionamiento de la Ejecutiva del partido de romper con Sumar.

En la consulta, que tiene su origen en el desencuentro que generó la decisión de Sumar de no pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre la dana del Congreso, han participado 205 militantes, de los que 190 han reafirmado el planteamiento de la Ejecutiva Nacional.

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha anunciado este lunes que ha registrado "una denuncia ante la Fiscalía por el odio" que viene "sufriendo en las redes sociales", plasmado en "ataques" que "se han intensificado" desde que asumió sus actuales responsabilidades en la dirección de la federación socialista andaluza, al hilo del Congreso que la formación celebró en Armilla (Granada) hace ahora cuatro meses, en febrero.

Así lo ha anunciado María Márquez en un comunicado compartido desde su cuenta en la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que la portavoz socialista asevera que "no podemos normalizar como sociedad la violencia, el insulto y el ataque machista".

"No hacer nada no es una opción", asevera la vicesecretaria general del PSOE-A en su comunicado, en el que explica que se ve "obligada a pedir amparo a la justicia" porque, desde que asumió la portavocía del Grupo Socialista en el Parlamento y la vicesecretaría general del PSOE-A, los "ataques" que ya venía recibiendo "se han intensificado".

El PP quiere que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas censure este martes la iniciativa de este órgano fiscalizador de analizar la transparencia de los distintos partidos políticos en un informe específico sobre su grado de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Con este objetivo, el PP ha registrado una serie de propuestas de resolución al citado informe del órgano que preside Enriqueta Chicano, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que se van a votar este martes.

El PP ya criticó esta iniciativa del Tribunal de Cuentas cuando Chicano explicó su contenido ante la comisión mixta y ahora ha puesto negro sobre blanco sus quejas, que tienen visos de ser aprobadas si logran el respaldo de Vox.

Aunque en sus propuestas el PP llama a asumir las conclusiones del informe y a tomar nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, también le insta a "ajustar su actividad fiscalizadora al marco competencial establecido legalmente", evitando incluir en sus informes "aspectos que no estén expresamente previstos en la normativa vigente" tales como los "contenidos web" o los "protocolos internos", en este caso de las formaciones políticas.

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha aprobado este lunes una ampliación de su plan de trabajo que incluye las 54 comparecencias solicitadas por el PP, grupo que tiene mayoría suficiente en el órgano para su aprobación.

Entre las 54 próximas comparecencias aprobadas, que ya avanzó el PP el pasado viernes, figuran catorce de personas que repetirán declaración, entre ellas la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien será citada en el Senado el 8 de julio y ya compareció trece meses antes.

Según han informado fuentes parlamentarias, en la reunión han salido adelante las propuestas del PP para ampliar el plan de trabajo y se han rechazado las del PSOE y Vox.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado este lunes que el partido no ha cuestionado el resultado de las elecciones generales de 2023 ni la legitimidad de los procesos electorales en España, pese a las palabras en esta dirección del expresidente José María Aznar, secundadas por el actual líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

"No hemos cuestionado en ningún momento, ni en ese resultado electoral, legitimidad alguna, desde luego jurídica y no hemos cuestionado por lo tanto, nuestro sistema nunca", ha afirmado el portavoz en una rueda de prensa.

Sémper ha querido quitar así hierro a la polémica desatada por las palabras de ayer del expresidente José María Aznar, quien en una entrevista con El Mundo afirmaba sobre el presidente Pedro Sánchez: "Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?".

El expresidente afirmó además que si alguien asalta una joyería no hay nada para pensar que no esté dispuesto a asaltar un banco.

En una entrevista en EsRadio, Feijóo ha afirmado esta mañana que comprende el temor expresado por Aznar sobre el riesgo de que Sánchez adultere unas elecciones generales y ha afirmado que es más necesario que nunca que se extreme la custodia del voto.

El Gobierno de Navarra volverá a solicitar la personación ante el Tribunal Supremo (TS) si en la causa penal del denominado caso Koldo se observara un posible daño para la Hacienda Foral de Navarra en la adjudicación de contratos de obra pública.

Así lo ha asegurado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, tras conocer la desestimación como acusación particular del Ejecutivo foral en providencia dictada este lunes por el juez instructor, que ha considerado el escrito presentado por el Gobierno de Navarra "en extremo lacónico".

El exministro José Luis Ábalos ha asegurado este lunes ante el Tribunal Supremo que es "posible" que en Transportes se avisara a Air Europa antes de la difusión de la nota de prensa sobre la conveniencia de habilitar el rescate a dicha compañía, pero ha defendido que no fue él quien facilitó dicha información a la aerolínea.

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que así se ha pronunciado el ex 'número tres' del PSOE en su declaración como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente, quien ha acordado mantenerle la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente por los "sólidos indicios" de que habría cobrado comisiones a cambio de amaños de adjudicaciones de contratos de obra pública.

Ábalos ha negado haber hecho llegar a Air Europa --a través del empresario Víctor de Aldama-- el contenido de la nota de prensa del Ministerio de Transportes antes de que ésta se difundiera. También ha negado haber disfrutado de un chalet en Marbella supuestamente sufragado por la aerolínea como contraprestación.

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para rechazar los listados de comparecientes propuestos por el PSOE y Vox en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', impidiendo el interrogatorio al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, o el expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Bono.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' se ha reunido este lunes y ha dado luz verde al nuevo listado de comparecientes del PP, en el que destacan nombres como el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, diferentes personas de la "rama navarra" o ministros y gente vinculada al PSOE.

Sin embargo, la mayoría que tiene el PP en el Senado ha rechazado el plan de trabajo propuesto por los socialistas, que contenía la solicitud de tres comparecencias: Feijóo, Miguel Tellado y el empresario cántabro Jacobo Pombo, que aparece en el informe de la UCO.

Además, el presidente de la comisión de investigación, el 'popular' Eloy Suárez, ha informado al inicio de la sesión de este lunes que los letrados de este foro parlamentario han advertido que no había lugar para citar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como proponían los socialistas.

Por su parte, los 'populares' se han abstenido en el listado propuesto por Vox, por lo que ha impedido que salieran adelante los interrogatorios que planteaban los de Santiago Abascal. Además de Zapatero y Bono, Vox quería que comparecieran el exministro José Blanco, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y los ministros Óscar López y Óscar Puente.

El PSOE de Granada ha criticado este lunes la "estrategia de difamación constante" del PP provincial, que preside Francis Rodríguez, "basada en señalar sin pruebas, sin base jurídica y sin hechos contrastados a miembros socialistas" mientras "oculta sus escándolos judiciales".

"En ningún momento los populares han aclarado o se han pronunciado sobre los casos judiciales que afectan a sus cargos públicos", han detallado desde el PSOE en una nota de prensa en respuesta a las declaraciones de la senadora del PP Inmaculada Hernández sobre la investigación abierta en el Tribunal Supremo por el caso Koldo.

El consejero gallego de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ve "comprensible que muchas personas" duden sobre las elecciones generales, en la línea de lo manifestado el fin de semana por el expresidente del Gobierno José María Aznar, al "quedar demostrado" que las primarias del PSOE en las que ganó Pedro Sánchez "fueron alteradas".

El Partido Popular ha asegurado este lunes que su formación no está "cuestionando" el voto por correo en las elecciones generales de 2023 ni el sistema electoral español y ha defendido poder consultar a la Junta Electoral Central (JEC) con el objetivo de ver si hay "margen de mejora", según fuentes de la formación.

"No hemos cuestionado nuestro sistema nunca", ha afirmado rotundo el portavoz nacional del PP, Borja Sémper. Lo ha hecho cuatro horas después de que Alberto Núñez Feijóo haya dicho que ha reclamado a la JEC un estudio sobre los momentos "más frágiles" en la custodia del voto por correo para "extremar al máximo" las garantías, dado que, el sistema puede tener "algunas lagunas".