El Gobierno avanza en la ilegalización de la Fundación Franco con la apertura del procedimiento
El Gobierno considera que la Fundación Franco no atiende al interés general y humilla a las víctimas de la guerra y la dictadura
El Gobierno comunica este viernes a la Fundación Francisco Franco la apertura del proceso para pedir su extinción
MadridEl Gobierno de España ha abierto este viernes el procedimiento para la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) al considerar probado que vulnera la Constitución y humilla a las víctimas de la dictadura, tras un periodo de investigación de poco más de un año. Así lo ha notificado a la entidad, que tiene un periodo de alegaciones de 10 días para oponerse a su disolución.
El proceso de ilegalización de esta fundación, impulsado por el ministerio de Cultura, arrancó en junio de 2024, con la apertura de un periodo de investigación y recopilación de datos para argumentar el procedimiento. El departamento que dirige Ernesto Urtasun, fue el encargado de este proceso de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.
El ministerio de Cultura pidió un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que considera que la Fundación Francisco Franco incumple con la Ley de Fundaciones y con la Ley de Memoria Democrática.
La Fundación, que hace apología del franquismo y de su máximo líder, ha recibido la notificación y a partir de este 31 de octubre tienen 10 días hábiles para aportar documentación y serán los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil los que decidirán al respecto de su disolución.
Fuentes de Cultura confían en que llegue al juez lo "más rápido posible", aunque como mínimo se necesitarán nueve meses hasta que los jueces llegan a alguna conclusión.
Las causas para extinguir la Fundación Francisco Franco
El informe realizado por la Dirección General de lo Consultivo de la Abogacía General del Estado explica que las dos causas distintas por las que se podría extinguir una fundación son que no persigue fines de interés general y porque esta fundación hace apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, y con ello menosprecia y humilla la dignidad de las víctimas.
La Abogacía del Estado remite a lo que se lee en la web de la propia entidad en la que destaca sus actividades de mantener el archivo personal de Franco y asegurar su acceso público, algo que Cultura rechaza argumentando que el acceso es "opaco".
La fundación también tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una biblioteca de más de 2.000 ejemplares, la lucha contra "la mal llamada Ley de Memoria Histórica" y la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó".
El ministerio de Cultura ha explicado que la disolución, además supondrá que los españoles no "paguen" a esta fundación que tiene incentivos fiscales y beneficios para recibir donaciones por el hecho de estar constituida como fundación y amparada en dicha ley.