El fiscal general del Estado, entre gestos y negativas a las declaraciones de los agentes de la UCO al apuntar a su papel preeminente en la presunta filtración

MadridMás de un año después de su imputación, hoy Álvaro García Ortiz es interrogado en el Tribunal Supremo como investigado. Un juicio insólito, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. Además, lo hace sin renunciar a su cargo, con toga y escuchando todos los testimonios sobre la presunta filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que le acusa directamente de ‘asesinarlo’ públicamente.

Antes de sus esperadas respuestas a las acusaciones, –y con especial atención a sus palabras sobre el borrado de datos de su teléfono–, han declarado esta mañana en el juicio los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, quien ha afirmado, en referencia a la citada filtración, que “durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado”.

Los agentes de la UCO apuntan a un papel preeminente del fiscal general en la filtración

Los peritos de la Benemérita le conceden así un papel preeminente en la presunta filtración; una conclusión tras analizar los teléfonos y ordenadores del fiscal. Los agentes, al respecto, han relatado la dificultad con la que se topó la investigación desde el registro.

“Él nos comunicó que había cambiado recientemente de móvil”. “Que lo había destruido”. “Yo le pedí: ‘disculpe, ¿me puede dar el anterior?’ Y me dijo, textualmente, que lo había destruido”, han llegado a declarar, a lo que Álvaro García Ortiz negaba desde su asiento, dejando ver que  no dijo eso.

En su declaración, –entre distintos gestos y comentarios del fiscal general–, los investigadores han continuado relatando que los obstáculos continuaron al examinar la información volcada: “Se puede determinar que ha existido un borrado de ello”, han declarado.

No se encontró el correo presuntamente filtrado, pero aseguran que el cruce de llamadas y los mensajes que intercambió con otra fiscal, a la que también investigaron inicialmente, fue apuntando a García Ortiz.

“Hay diferentes investigados que, al final, se va decantando en virtud de los indicios a una única persona”, ha afirmado el teniente coronel Balas, encargado también de la investigación del caso Koldo y en el punto de mira de la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez.

Las explicaciones de los agentes sobre por qué se llevaron más información de la autorizada

Paralelamente, en su declaración en el marco de la quinta jornada de la vista oral que se celebra en el Tribunal Supremo, los agentes de la UCO que participaron en los registros, –un total de ocho–, han explicado que se llevaron más información de la autorizada por el juez porque técnicamente era imposible filtrar antes de copiar.

Los registros se llevaron a cabo de forma simultánea, durante más de diez horas, en los despachos de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el 30 de octubre de 2024, por órdenes del magistrado instructor, Ángel Hurtado.

Sobre ello, han explicado que copiaron toda la información contenida en los teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y cuentas de correo electrónico que encontraron, a pesar de que el auto que autorizaba los registros fijaba el límite temporal entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024.

Al respecto, y a preguntas de las acusaciones, han declarado que se hizo así porque técnicamente era imposible copiar solo la información contenida en ese límite temporal, si bien alguno ha aclarado que ese cribado se hizo posteriormente, a la hora de seleccionar la información.

Concretamente, han afirmado que en el despacho de García Ortiz copiaron el contenido de dos teléfonos móviles, –el personal y el de trabajo, que desde Fiscalía General del Estado (FGE) se avisó de que se acababa de cambiar–, un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa, que también se advirtió de que se había cambiado recientemente, y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal.

Sobre ese registro, han precisado que el ordenador también se revisó y en esa búsqueda sí se seleccionaron archivos, aunque no han sabido concretar si limitados a ese marco temporal.

Interrogados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado –en defensa del fiscal general– acerca de la actitud que mantuvieron tanto éste como el personal de la FGE, los agentes han confirmado que adoptó una "actitud colaboradora", facilitando incluso contraseñas.

Por su parte, del despacho de Rodríguez recabaron la información de dos teléfonos móviles –el personal y el de trabajo–, del ordenador de sobremesa y de cuatro cuentas de correo electrónico.

Los agentes se llevaron “7 meses y 22 días de información”

Así, el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, ha puesto de relieve que, al no acotar los volcados de los dispositivos electrónicos encontrados a las fechas indicadas, los agentes se llevaron "7 meses y 22 días" de información. Y, en el caso de Rodríguez, que estuvo procesada pero finalmente fue exonerada por la Sala de Apelación, ha subrayado que su móvil personal guardaba datos desde 2018.

"Entonces, ¿no acataron el límite temporal?", ha cuestionado Ocio, a lo que un agente ha contestado: "En la medida de lo posible había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos".

Otro, por su parte, ha precisado que, en lo referido a los correos electrónicos se podría haber hecho el cribado exigido "imprimiendo correo a correo", si bien ha advertido de que "eso habría llevado semanas".