Junts señala que la resolución de la justicia europea sobre la Ley de Amnistía es "muy buena noticia"
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Ley de Amnistía no vulnera la normativa europea
Junts celebra la resolución y subraya que se trata de una "muy buena noticia"
Junts ha demostrado este jueves una gran satisfacción con la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía para los condenados por el proceso independentista en Cataluña. "Muy buena noticia", ha asegurado Miriam Nogueras, la portavoz de Junts.
Así lo ha expresado en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre la posición del Abogado General, ya que aunque no es vinculante para la sentendia del Alto Tribunal, marcaría la línea de la gran mayoría de sus fallos.
El Abogado General descarta la "autoamnistía" y el perjuicio económico
En la resolución que se ha conocido este jueves, el Abogado General rechaza la idea de que la tramitación de esa norma que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con los independentistas catalanes responda a una "autoamnistía" o perjudique intereses económicos de la UE.
Aunque reconoce que algunos aspectos, como el plazo de dos meses para determinar si la norma es plicable en un caso, podrían entrar en conflicto con el derecho comunitario, en su resolución subraya que la norma no vulnera la normativa europea en la lucha contra el terrorismo. Además, advierte contra el levantamiento de las medidas cautelares mientras el caso se resuelve en Luxemburgo. El abogado, Dean Spielmann, también ha puesto objeciones a algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía en sus conclusiones.
Riesgo por el plazo de dos meses
Por otra parte, advierte del riesgo de que la ley dé a los tribunales un plazo de dos meses para aplicar la amnistía (aunque matiza que el Gobierno español ha apuntado que se trata de un plazo "estrictamente indicativo") y valora que no es conforme con el derecho europeo obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares en el plazo máximo de dos meses, aun cuando hayan consultado al TJUE y este aún no haya resuelto.
Spielmann afirma que la ley "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía" y tampoco "incluye violaciones graves de derechos humanos".