Investigan a los dos hermanos de Javier Aureliano, el presidente de la Diputación de Almería, por el caso de las mascarillas
Fuentes de la investigación han explicado que entre los investigados se encuentran una hermana y un hermano del presidente provincial
La trama de la Diputación de Almería en el 'caso mascarillas' negociaba comisiones fingiendo hablar de tallas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido e investigado a una decena de personas en la segunda fase del denominado caso Mascarillas. En esta nueva fase, la atención se ha centrado en el entorno del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ya que entre los investigados se encuentran una hermana y un hermano del presidente provincia de Almería.
Son ocho investigados por la pieza secreta del Juzgado de Instrucción número 1, de los que cinco de ellos fueron arrestados en el día de ayer y están pendientes de pasar a disposición judicial en la jornada del jueves. Esta pieza secreta investiga amaños en las adjudicaciones de contratos con dinero público de la Diputación. La pieza investiga delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales.
Fuentes de la investigación han confirmado que, además de estos familiares investigados, el propio Javier Aureliano García está entre los cinco detenidos. Junto a él han sido arrestados el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del alcalde; y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. Aunque no se descarta que pueda haber más investigados, no se prevé que aumente el número de detenciones.
La UCO ha llevado a cabo registros en diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles. Este miércoles se realizó un nuevo registro en el Ayuntamiento de Fines, después de que ayer ya se entrara en las oficinas del alcalde dentro de esa misma operación.
El auto judicial que autoriza las actuaciones señala que “existen sospechas fundadas” de la posible comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según el juez instructor, los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos” a favor de ciertas empresas con el objetivo de cobrar comisiones ilegales.
Además, el auto destaca que algunos de los detenidos no intervinieron directamente en las adjudicaciones presuntamente irregulares, pero sí en la “posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero”, lo que podría constituir un delito de blanqueo de capitales.