La investigación del caso Plus Ultra entra en una fase clave: de la intervención de la caja fuerte a la declaración de Zapatero
El próximo 2 de junio es la fecha en la que el expresidente está citado a declarar ante el juez instructor
Zapatero explica que canceló una hipoteca de 500.000 euros con la venta de su casa en Aravaca
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha marcado un nuevo giro en una investigación que lleva abierta cerca de 19 meses y que ha entrado en una fase decisiva. El caso Plus Ultra, que llegó a archivarse inicialmente en España, volvía a activarse a raíz de distintas pesquisas internacionales relacionadas con presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y soborno vinculados a la aerolínea.
Las investigaciones han terminado situando en el foco al expresidente a través de las conexiones con Rodolfo Reyes y otros directivos de la compañía. Ahora, la Audiencia Nacional encara unas semanas clave pendientes de nuevas diligencias, entre ellas el análisis del contenido intervenido en una caja fuerte atribuida a Zapatero y el estudio del teléfono móvil y la agenda de su secretaria personal, elementos que podrían resultar determinantes en la segunda fase de la investigación.
Los próximos pasos
Otro de los momentos señalados en el calendario será el próximo 2 de junio, fecha en la que el expresidente está citado a declarar ante el juez instructor. Mientras tanto, continúan apareciendo detalles recogidos en los informes de la UDEF sobre los días previos a la aprobación del rescate público de Plus Ultra.
Entre la documentación incorporada a la causa figura, según la investigación policial, una celebración organizada por responsables de la aerolínea días antes de que el Consejo de Ministros aprobara oficialmente las ayudas. Los agentes sostienen además que algunos mensajes intervenidos apuntarían a que determinados directivos conocían con antelación la decisión favorable de la SEPI y recomendaban mantener discreción pública sobre el proceso.
La investigación también recoge conversaciones entre empresarios y personas próximas al entorno del expresidente en las que se hacen referencias al reparto de gastos y a supuestas gestiones para frenar actuaciones judiciales. Según la UDEF, incluso se habrían eliminado documentos relacionados con el rescate dentro de la propia SEPI, un extremo que forma parte ahora de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional.