Aldama acepta realizar trabajos para la comunidad para evitar entrar en prisión por el 'caso mascarillas'

La suspensión de la condena está supeditada al cumplimiento de varios requisitos fijados por los magistrados
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El empresario Víctor de Aldama ha comunicado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acepta realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año, una de las condiciones impuestas por el alto tribunal para suspender su ingreso en prisión tras la condena recibida en el denominado 'caso mascarillas'.
Según un escrito presentado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, Aldama expresa su "libre consentimiento, expreso, terminante y no condicionado" para cumplir con esta medida. El empresario fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por delitos de organización criminal y cohecho. Sin embargo, la sentencia aplicó la atenuante analógica de colaboración muy cualificada, valorando su aportación al esclarecimiento de los hechos investigados.
En consecuencia, el Tribunal Supremo acordó suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, evitando así su ingreso inmediato en prisión.
Las condiciones para evitar la cárcel
Entre ellos, Aldama deberá no cometer nuevos delitos durante los cinco años que dura la suspensión, realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presentar un informe semestral de actividades ante la Justicia.
En el escrito remitido al Supremo, el empresario acepta que estos trabajos puedan desarrollarse en administraciones públicas, entidades públicas o asociaciones de interés general, en las actividades de utilidad pública que determinen las autoridades competentes. El alto tribunal ya advirtió en su resolución de que el consentimiento del condenado constituía un "requisito indispensable" para hacer efectiva la suspensión de las penas de prisión.
Por ello, con este escrito, Aldama formaliza su aceptación de las condiciones impuestas por el Supremo y da un paso más para evitar el cumplimiento efectivo de la condena en un centro penitenciario.
La decisión se enmarca en el procedimiento derivado del 'caso mascarillas', una de las investigaciones vinculadas al empresario y a su presunta participación en una trama de corrupción relacionada con contratos públicos durante la pandemia.
