Así lo ha manifestado el procesado en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional, en el que el fiscal Pedro Martínez ha mantenido su petición de seis años de prisión al considerarle autor de un delito de robo con fuerza con finalidad terrorista y otro de falsedad de placas de matrícula.
En su informe de conclusiones definitivas, el fiscal Martínez ha asegurado que, aunque el robo se produjo junto a los procesados Jon Kepa Preciado y Eneko Aguirresarobe, fue Martínez Azcarazo quien decidió sustraer el vehículo en la playa de Laga de Ibarrangelua (Vizcaya).
También ha dicho que fue el acusado quien actuó como lanzadera en el traslado del coche hasta una "lonja-garaje donde almacenaban armas y explosivos y manipulaban vehículos bomba" en Galdakao (Vizcaya) y que, durante el viaje, sustituyó las placas del coche por otras que troquelaron después de haberlas robado en una empresa de recambios.
El acusado, que se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal, ha dicho que él "nunca" ha visto una troqueladora y que no sabe forzar la cerradura de un coche, además de denunciar que sus declaraciones policiales fueron "forzadas".
El letrado de la defensa, que ha pedido la libre absolución, ha dicho que está "convencido" de que existieron malos tratos en la toma de declaración de su cliente, pero que no quiere darse "contra un muro" porque sabe que "en esta casa -la Audiencia Nacional- rara vez se reconoce que las declaraciones no son lícitas".
Además, ha pedido a la sala que tenga en cuenta que "no hay huellas dactilares" de Martínez Azcarazo "ni en el coche, ni en las matrículas", que su actuación como lanzadera es "parte" de la colaboración con ETA, delito por el que ya ha sido juzgado el acusado.
Los otros dos procesados, según el escrito del fiscal, fabricaron un artefacto con 12 kilos de tytadine con un cartel que rezaba: "Comeros esta, cabrones" y unas anotaciones con nombres de etarras muertos.
Varios policías han asegurado que el artefacto era una "trampa" y que lo introdujeron en el coche robado -aparcado junto a la sede bilbaína de Iberdrola- para "atentar contra los agentes que intentaran desactivarlo".
En este sentido, la Ertzaina logró desactivarlo sobre las 18.51 del 1 de julio de 2003 después de recibir una llamada del diario Gara para comunicar que había recibido un aviso de un interlocutor anónimo que, en nombre de ETA, advertía de la bomba.