El abogado Thorne juró al cargo "por el honor de servir a la patria" en una breve ceremonia en Palacio de Gobierno, un día después de que el mandatario tomara juramento al resto del gabinete que lo acompañará en el último tramo de su mandato (2006-2011).
Thorne era hasta ayer presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El experto en arbitraje asume una de las carteras más complicadas para García, precisamente después de varias semanas de intensa polémica por la promulgación de un decreto legislativo, el 1097, que podía convertirse en una llave a la libertad de militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos.
El decreto 1097 señalaba que los procesos por crímenes contra los derechos humanos seguidos a militares y policías debían ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dictaba sentencia.
Además, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
El decreto fue derogado ayer por el Congreso, tras una reacción del Ejecutivo al rechazo generalizado, y el saliente ministro de Defensa expresó su desazón por esa medida.
Poco antes, el escritor Mario Vargas Llosa había renunciado a presidir la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria, un museo para las víctimas del terrorismo en Perú, y calificado el decreto como una "amnistía apenas disfrazada".
En entrevista publicada hoy con el diario Perú.21, Rey declaró que no acudiría a la juramentación de Thorne porque no avalará con su presencia "la injusticia que se está cometiendo al hacer caso a campañas calumniosas en vez de defender la veracidad de los temas".
Rey lamentó que los ministros que aprobaron inicialmente el decreto no hayan sido capaces de defenderlo y confirmó que no fue convocado al Consejo de Ministros en el que se decidió la derogatoria de la norma.