Audiencia de Palma resuelve que caso Picnic se instruya por separado al de Maquillaje por investigar hechos distintos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha resuelto que el Juzgado de Instrucción número 8 siga siendo el competente para continuar instruyendo el caso Picnic, que investiga el presunto desvío de 1,2 millones de euros públicos a la captación de nuevos afiliados y futuros votantes de UM, a pesar de que el hasta ahora titular de esta instancia acordó inhibirse de la causa en favor de Instrucción número 2 al considerar que el procedimiento guardaba "una conexión inseparable" con el caso Maquillaje, en manos de este último Juzgado.

La Audiencia ha devuelto de esta forma el caso al Juzgado que abrió las diligencias al considerar que se trata de una causa con una entidad lo suficientemente propia como para sea instruida de forma independiente, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

En un auto al que tuvo acceso Europa Press, Rotger alegaba que por la relación de ambos procesos decidió apartarse de la causa, precisando además que fue por razones "de oportunidad y de urgencia" por las que la Fiscalía solicitó a su Juzgado -al encontrarse de guardia- las entradas y registros practicados el pasado mes de febrero, entre ellos en la sede de UM en lo que constituye el primer registro realizado en las dependencias de un partido político en la historia democrática de Baleares.

Rotger recordaba además en su resolución que dentro del caso Maquillaje el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola -encargado además de los casos Son Oms e Ibatur-, ya tomó declaración "casi exclusivamente" sobre los mismos hechos a una de las principales imputadas del caso Picnic, la ex coordinadora de la oficina municipal de Medio Ambiente, Paula Cortés, así como a una de las trabajadoras de esta área, Petra Verdú.

Se da la circunstancia de que esta causa también pasó por el Juzgado de Instrucción número 12, que estaba en funciones de guardia cuando pasaron a disposición judicial tanto Cortés como la ex regidora de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, mientras que también fue detenido el ex consejero de Juventud y Deportes del Gobierno, Mateu Cañellas.

Tras los interrogatorios, el magistrado Francisco José Pérez dictó prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, sobre quienes pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración. Unas cauciones que posteriormente fueron confirmadas por la Audiencia tras ser recurridas por las defensas de ambas imputadas. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM, finalmente acordada por Rotger.

Cabe recordar que el juez decano de Palma, Francisco Pérez Espinosa, ya resolvió que el Juzgado de Instrucción número 8 se encargara del caso Picnic atendiendo a las normas de reparto, y al haber sido esta instancia judicial la que autorizó las entradas y registros llevados a cabo. El decano entendía además que se trata de una nueva línea de investigación que no cuenta con antecedentes en otros Juzgados, pese a que ya en un principio se barajaba la posibilidad de que la causa quedase en manos de Instrucción 2 o Instrucción 10, encargado del caso Voltor.

INFORMADORES MEDIOAMBIENTALES PARA CAPTAR Y FIDELIZAR AFILIADOS

En concreto, las pesquisas del caso Picnic apuntan a que UM contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido. De este modo, las indagaciones se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Asimismo, el caso centra parte de sus investigaciones en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba el partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de 343.332 euros aportada por el Gobierno balear al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

La Fiscalía desglosa de forma pormenorizada las cantidades presuntamente malversadas y apunta a que, de los 1,2 millones que habrían sido desviados, 343.332 euros procedían del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno balear y el Ayuntamiento para realizar actividades de uso público en Cabrera; 577.738 euros de los sueldos y nóminas de los Imas; 159.247 de la campaña 'Ecobarriada'; 38.581 del alquiler de su local; 42.326 euros de recursos materiales; 33.358 de los servicios "innecesarios" de asistencia de otra imputada, y 12.664 euros de las excursiones al Acuario y a la Dragonera.