Canarias busca mecanismos legales para obligar a vacunarse a los funcionarios negacionistas

Canarias busca mecanismos legales para obligar a vacunarse a los funcionarios negacionistas
Hospital de Día de Cardiología del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Europa Press
  • La obligación de vacunarse se aplicaría a "todos" los que cobran del Estado

  • Canarias defiende que los funcionarios deben de dar ejemplo

  • El Gobierno canario califica de "insolidarios" a los negacionistas

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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que su Ejecutivo está buscando "todos" los mecanismos legales para exigir a los funcionarios públicos que se hayan negado a que les administren la vacuna contra el coronavirus, se la pongan.

Torres ha reconocido que "vacunarse es voluntario", sin embargo ha matizado que "cualquier persona que no esté vacunada supone un riesgo evidente a la colectividad", de ahí que entiende que "los responsables públicos, los funcionarios públicos tienen que dar ejemplo", citando en este sentido a sanitarios, así como a quienes trabajan en las residencias, los que hacen trabajo de carácter social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "todos" los que cobran del erario público tienen que "dar ejemplo porque el negacionismo, el no estar vacunado, en sí mismo es una posibilidad real de poder contagiar".

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Por ello, dijo en declaraciones a los periodistas, ha planteado que "se busquen todos" los mecanismos que la ley permita "para que estén vacunados", añadiendo que el Gobierno de Canarias lo va a estudiar porque la vacuna es el "arma más efectiva" que se tiene para "vencer el aumento de los contagios y vencer a la pandemia, y vacunarse es lo más inteligente".

Así, ha incidido en que si alguien "no lo quiere hacer porque individualmente apela a su libertad, si es trabajador público tiene que apelarse al trabajo del servicio público que hace a la mayoría", ya que "no" entiende que la "mayoría tenga que pagar la inconsciencia de una minoría que no es solidaria, que no piensa en los demás y que pone por encima criterios particulares que el bien común, no cabe en los que son trabajadores públicos, no cabe".

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