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No están todos los que son, pero si son todos los que están.La iniciativa de Vox de retirar las calles a los dirigentes socialistas, Francisco Largo Caballero, presidente de la República (1936-1937) e Indalecio Prieto, secundada por PP y Ciudadanos, se ha encontrado con una respuesta firme por parte los historiadores con más predicamento En España. Desde Ángel Viñas Martín a José Álvarez Junco, Eduardo González Calleja, o Rosa María Capel, catedráticos en la Universidad Complutense de Madrid; y extranjeros como Paul Preston, catedrático de la London School of Economics and Political Scienc.
En el documento que han hecho público denuncian que el partido de Santiago Abascal recurra "a los viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista" y apoyan sus argumentos en "pruebas documentales" que ponen a "disposición" del consistorio madrileño para que sean analizadas antes de su aprobación definitiva.
El manifiesto desmonta algunos de las afirmaciones que Vox utiliza frecuentemente para denostar a los dos políticos socialistas cada vez que saca el tema. Una es la alusión al "robo" por parte de Largo Caballero, Negrín Y Prieto, de las reservas del Banco de España. "Fue un acto de legítima defensa, las emplearon para la adquisición de armas para sosteneer la resistencia de la demorcracia republicana", enumera el escrito.
El otro argumento, también desmontado por los historiadores, hace referencia a la violencia consentida o alentada por estos dirigentes políticos. "El mandato no fue “el más sangriento de la zona republicana”, sino que, lamentablemente, fue el del catedrático republicano José Giral, presidente de un Gobierno donde no había representación obrera, quien tuvo que soportar la atomización de la autoridad estatal y la violencia descontrolada del verano de 1936.
Los historiadores quieren que este juicio técnico preliminar se convierta "en un futuro próximo en un informe donde se clarifique de una vez por todas la ejecutoria de estas dos importantes figuras de nuestra historia contemporánea, sustrayéndolas de las maquinaciones propias de la baja política".
También rechazan la enmienda de PP y Cs para basar su retirada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ya que "buena parte de las acusaciones vertidas en la iniciativa de Vox se refieren a épocas anteriores a la que da cobertura dicha ley".
"Es preciso resaltar la incongruencia que encierra querer ejecutar una 'damnatio memoriæ' sobre figuras políticas que, precisamente, se distinguieron por su oposición a la sublevación militar, por la defensa de la legalidad en la guerra civil que ésta provocó, y por ser víctimas (en tanto que perseguidos y exiliados) de la Dictadura resultante", sostienen.
El Pleno de Madrid dio luz verde a una iniciativa de Vox, con los votos de PP y Cs enmendaron para que se produjese haciendo uso de la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La capital retirará así la calle Francisco Largo Caballero en el distrito de Ciudad Lineal y su placa en Chamberí y el bulevar de Indalecio Prieto, que se localiza en Vicálvaro, presentes en el callejero desde tiempos de Tierno Galván. Además, insta a que el Gobierno de España retire las estatuas de Nuevos Ministerios.
El Consistorio cambiará el nombre de estas calles aludiendo al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que señala que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".