El Pleno del Congreso celebrado este martes ha consumado lo que ya se podía prever antes del inicio de las votaciones: el primer decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez que resulta derogado. Ha sido el que aprobó el Ejecutivo en diciembre sobre la regulación del alquiler, y ha obtenido 243 votos en contra, frente a 103 a favor. Tan solo Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV han ofrecido su respaldo al PSOE. PP, Ciudadanos, Bildu, ERC y Podemos, que ha subrayado que el decreto era insuficiente y que no cumplía el compromiso de poner límite a los precios del alquiler, –a la vez que ha lanzado una advertencia con respecto al debate sobre los Presupuestos–, han terminado tumbándolo.
Con ello, diversas medidas encaminadas a beneficiar a los inquilinos también se disipan en una marcha atrás a una conquista que apenas ha durado un mes. Los alquileres de cinco años se evaporan y vuelven al contrato de tres años de validez; los límites a las fianzas y los gastos a cargo del arrendatario, también. Nuevamente, el ciudadano es el afectado tras la derrota de este decreto con muchos flecos por ultimar para convencer al resto de formaciones.
No obstante, sí que ha salido adelante otra retahíla de decretos de un Sánchez que ya ve desde muy lejos aquellas críticas que, desde la oposición, él mismo realizaba a quienes gobernaban a base de ‘decretazos’.
Ya lo dejó claro en su enésima defensa de su proyecto de Presupuestos, avisando que, de no conseguir su aprobación, –algo que parece muy complicado–, intentaría desarrollar algunas de las medidas de ese proyecto a través de la aprobación, precisamente, de reales decretos leyes.
De momento, y a menos de un mes de que se debatan y voten los citados Presupuestos Generales del Estado de 2019, en este Pleno del Congreso se han aprobado un total de siete decretos leyes.
Entre estos se encuentran: el real decreto ley 22/2018 por el que se dotan a autoridades públicas, como el Banco de España, de un catálogo de herramientas macroprudenciales para prevenir riesgos que afecten a la estabilidad del sistema financiero; el 27/2018, que declara las prestaciones por maternidad y paternidad exentas de IRPF, y que permitirá su devolución a aquellas personas a las que se efectuó el cargo entre 2014 y 2018; el 23/2018, cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico interno directivas comunitarias pendientes de transposición en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados; el 24/2018, por el que se aprueba un incremento retributivo del sector público; el 25/2018, sobre medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras dando respuesta a la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo; el 26/2018, que aprueba medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los creadores españoles; y por último, el 28/2018 por el que se revalorizan las pensiones de la Seguridad Social y se toman medidas urgentes de carácter laboral para la protección de los autónomos o la reducción del desempleo juvenil, entre otras.