La pasada noche un grupo de personas insultaba al dueño de un restaurante en Balaguer, porque no permitió que colgaran los lazos amarillos en la fachada de su local. "Cerdo, marrano, le gritaron", mientras le recriminaban no afiliarse a su tendencia. Una semana antes, una mujer recibió un puñetazo en la nariz por retirar símbolos amarillos, después era el turno de un cámara de Telemadrid el agredido, ya ni se sabe por qué razón.
Pedro Sánchez, desde Colombia, pedía "contención" al presidente de la Generalitat. "La política tiene que estar al servicio de la convivencia, y el Govern tiene que representar a la mayoría de catalanes", le advirtió sobre los incidentes violentos en las calles de las diferentes ciudades catalanas.
"La seguridad en las calles afecta a todos, a las administraciones públicas y a todos los partidos. La convivencia es asunto de todos. Insto a todos los actores catalanes a construir convivencia y no ahondar en fractura social", argumentó Sánchez.
Torra, sin embargo, ha mantenido su discurso sobre la libertad de expresión criticando las brigadas de limpieza, que ya han protagonizado desagradables enfrentamientos entre vecinos. Albert Rivera, por su parte, se suma a la retirada del emblema amarillo y en persona retiran los lazos en Calella por un rato hasta que los vuelven a colgar en una historia interminable de crispación y tensiones sin final cierto.
Pablo Casado ha sacado pecho, asegurando que en el PP "estamos con los valientes que deciden libremente retirar esos emblemas que les ofenden en las calles pero, al mismo tiempo, nuestra labor fundamental es exigir a las instituciones que lo hagan". La idea de los populares es poner en marcha una oficina de atención a las víctimas de agresiones y amenazas por retirar los lazos amarillos en la calle, mientras recrimina al gobierno de Sánchez por permitir que "la crispación y la confrontación política llegue a la calle".