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El Gobierno reforzará su acción contra el fraude laboral. La acción del Ejecutivo incluye investigar el año próximo 470.000 contratos y convertir a 80.000 trabajadores temporales fraudulentos en indefinidos. De esta manera prevé ingresar 1.050 millones de euros en 2021.
Esta cuantía a recaudar en la lucha contra el fraude para el año próximo es la misma que en los dos años anteriores, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
El Organismo Autónomo Estatal de Inspección en el Trabajo y Seguridad Social será el responsable de estas acciones contra el fraude laboral. El ente público, que cuenta por primera vez en su historia con un presupuesto propio con 175,8 millones de euros, según explicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
La inspección de Trabajo y Seguridad Social ha visto afectada su actividad durante 2020 por la situación de la pandemia, que ha requerido un notable esfuerzo para realizar más de 100.000 inspecciones para controlar las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la connivencia con las de desempleo.
También ha realizado 116.189 inspecciones para controlar la protección de los trabajadores frente al riesgo de contagio por el coronavirus, 30.813 informes sobre ERTE y 2.876 inspecciones sobre los derechos laborales de los trabajadores vinculados a la pandemia.
Las actuaciones durante 2020 se ha visto dificultada por la disminución de la actividad económica provocada por la pandemia, la declaración del estado de alarma y los cierres de las empresas , imposibilitando el adecuado cumplimiento de la planificación de la actividad inspectora.
Las actuaciones pueden verse modificadas por la evolución de la pandemia, uno de los objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021 es el control del fraude en los contratos a tiempo parcial, para lo que prevé investigar 450.000, que derivarían en 40.000 ampliaciones de jornada.
La Inspección quiere garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para lo que potenciará las inspecciones en la materia y creará una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación.
En ese sentido se propone realizar 27.000 actuaciones para controlar el tiempo de trabajo en las empresas y 22.000 para vigilar el cumplimiento de la normativa en materia salarial, así como investigar la posible discriminación de género sobre 35.000 trabajadores.
El presupuesto de la Inspección incluye la lucha contra los falsos autónomos con la previsión de regularizar la situación de 22.000 trabajadores, actuaciones sobre las nuevas formas de economía irregular, lo que afectaría a 12.000 empleados, y la revisión de 3.500 contratos de falsos becarios.
La Inspección prevé llevar a cabo 87.000 visitas a centros de trabajo para comprobar las medidas sobre prevención de riesgos y de siniestralidad laboral e investigar si se cumplen los derechos sindicales de 25.000 trabajadores.
Dentro de las actuaciones orientadas al control de la economía irregular y el trabajo de extranjeros en situación irregular, la Inspección prevé llevar a cabo 140.000 visitas a empresas y 360.000 actuaciones.
De cara al próximo ejercicio, la Inspección prevé facilitar la utilización del buzón de denuncias de actuaciones fraudulentas, mejorar su comunicación y reforzar sus medios humanos y materiales, con la incorporación de manera activa al cuerpo de inspección 214 funcionarios y otras 180 personas en prácticas.