La juez de Instrucción número 13 de Barcelona ha procesado a 30 investigados por su participación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, que en algunos casos implicó el uso de dinero público. No se enfrentan, lo que no deja de ser sintomático a un delito de sedición o rebelión, pero sí a los cargos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, según fuentes del TSJC.

En el mismo auto, la juez acuerda una responsabilidad civil solidaria que alcanza los seis millones de euros a los 17 procesados a los que atribuye el delito de malversación por el dinero invertido o comprometido para que pudiera celebrarse la consulta ilegalizada. Ha levantado la imputación a 15, entre ellos Carles Viver Pi-Sunyer y Santiago Vidal.

Entre los procesados están los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, así como Núria Llorach, vicepresidenta de la CCMA, a los que atribuye desobediencia, Antoni Molons, secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, a quien acusa de malversación y prevaricación, y numerosos cargos públicos de la Generalitat relacionados con la comunicación institucional y la difusión.