La Sala que juzga el "procés" independentista en el Tribunal Supremo ha respondido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet que su auto de la semana pasada ya apuntó la forma de proceder con respecto a los diputados presos y que no le remitirá ningún informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) porque es "inviable".
En un oficio de apenas dos párrafos, que será remitido a Batet a través del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, los siete magistrados que juzgan este asunto se limitan a reiterar, aunque sin mencionarlos, los argumentos que ya fueron razonados en su auto del pasado día 14 apuntando a la aplicación del artículo 21 del Reglamento de la Cámara.
Dicho artículo establece que un diputado quedará suspendido "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta", así como "cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria".