La petición de Vox sobre información de ayudas a colectivos LGTBI se les ha vuelto en contra. La mesa de las Cortes Valencianas ha pedido un informe a la fiscalía de delitos de odio, antes siquiera de atender su solicitud, porque consideran que dicha solicitud, es una persecución enmascarada, que atenta contra las libertades individuales.
El partido de Abascal había pedido datos sobre las personas LGTBI que imparten cursos y talleres en colegios con fondos públicos. En un escrito, solicitaban documentación que acreditase su idoneidad para tratar con menores, incluyendo el certificado de penales, así como conocer los contenidos exactos de aquello que se imparte. Su portavoz en las Corts, Ana Vega, ha asegurado que solo quieren saber dónde va el dinero público y comprobar que se cumple con la legalidad.
Vox también había reclamado estadísticas de maltrato intrafamiliar, en concreto, la nacionalidad y país de origen de los agresores.
Hoy además, vuelven a cargar contra las fiestas del orgullo. En una entrevista en un diario digital, Rocío Monasterio dice que denigran a las personas y agreden a los madrileños, e insiste en la idea de mandarles a la Casa de Campo.