La plantilla del servicio de teleasistencia domiciliaria vasca se planta durante 24 horas: "Cuidar empieza por cuidar a quienes cuidan"
Euskadi garantiza la atención telemática a los usuarios de BetiOn y la presencial en casos urgentes
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BilbaoMás de 80.000 personas mayores y dependientes en Euskadi son atendidas por el servicio de teleasistencia BetiON. Un servicio público de atención permanente en el domicilio, las 24 horas del día y todos los días del año, que este lunes 18 de agosto vive una jornada de 24 horas de huelga. “El motivo por el que pararemos en BetiON es el despido injusto de una compañera, alegando que su trabajo se hará desde Madrid con dinero público de Euskadi”, explican desde ESK.
Los sindicatos, además de denunciar despidos “arbitrarios”, exigen la implantación de protocolos contra agresiones y asesoramiento legal y psicológico; mecanismos de resolución de conflictos antes de sancionar y la implicación del Gobierno Vasco “para garantizar un servicio público de calidad, gestionado aquí y con condiciones dignas”.
En este sentido, ESK, LAB, ELA y UGT consideran de "extrema gravedad" los hechos que se están produciendo y que, en su opinión, “están poniendo en riesgo tanto los derechos laborales como la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía vasca".
Servicios mínimos
Un parón que se notará especialmente en la atención presencial, que se reducirá a los casos urgentes, mientras que el Gobierno Vasco aclara que los servicios mínimos cubrirán la atención telemática y que, por tanto, sus usuarios no se verán afectados.
Desde hace dos años, en agosto de 2023, el servicio público de teleasistencia domiciliaria del Gobierno Vasco lo gestiona la empresa Ilunion Vida Senior, que en su página web se marca como reto llegar a alcanzar los 100.000, en el año 2028. Sin embargo, los sindicatos denuncian que desde que Ilunion gestiona el servicio han ocurrido “hechos muy graves”: el despido injusto de una trabajadora; sanciones continuas a varias trabajadoras y la agresión a una compañera durante una visita sin activación por parte de la empresa de ningún protocolo de protección ni apoyo psicológico o legal. “Esto supone precarizar a la plantilla, poner en riesgo la calidad del servicio y alejarlo de Euskadi”, lamenta ESK.
