La pesadilla de seis familias de Barreiros, Lugo, que intentan evitar el derribo de sus casas: "Es una aberración"
Seis familias de Barreiros, en Lugo, viven desde hace meses con la amenaza de ver demolidos los hogares en los que llevan dos décadas
Sus viviendas fueron construidas con licencia municipal, pero una sentencia anuló esos permisos al considerar ilegal la segregación de los terrenos
Hay noches en las que dormir cuesta más de lo normal cuando sabes que la casa en la que has construido tu vida puede desaparecer. Es la angustia que llevan meses arrastrando seis familias de Barreiros, en Lugo, que se enfrentan a una orden de derribo de sus viviendas en Lóngara.
Entre ellas está la de César López, uno de los propietarios afectados. Su vida cotidiana ha quedado condicionada por una amenaza que, asegura, resulta difícil de asumir: perder una vivienda que compraron y construyeron siguiendo los cauces legales y con las licencias concedidas por el Ayuntamiento. “Estamos viviendo una situación de muchísimo estrés pero no nos rendimos”, explica César.
“¿Cómo duerme alguien a quien le quieren derribar su vivienda?”
La pregunta resume el estado de ánimo de estas familias. César reconoce que conviven con “mucha impotencia y mucha rabia”, aunque también con la determinación de continuar peleando para que se conozca su versión de los hechos: “Nos levantamos cada día con ganas de seguir luchando para que se sepa toda la verdad”, responde cuando se le pregunta cómo duerme alguien que sabe que pueden derribar su casa de manera inminente.
El origen del conflicto se remonta a la situación urbanística de los terrenos. Las viviendas fueron levantadas hace unos 20 años con las correspondientes licencias municipales. Posteriormente, los tribunales determinaron que la segregación de las parcelas no se había realizado legalmente y, como consecuencia, las licencias de las viviendas quedaron anuladas. Los propietarios insisten en que actuaron de buena fe y que fueron las propias administraciones las que autorizaron las construcciones: “No hicimos nada ilegal, somos los afectados no los condenados”, recalca César.
Familias que sienten que nadie les da una salida
El drama no se limita a la incertidumbre sobre sus casas. Entre los afectados hay personas jubiladas y una mujer de 96 años. Son viviendas en las que estas familias han vivido durante alrededor de 20 años y que forman parte de su historia personal y familiar.
Por eso, la posibilidad de que las máquinas entren en sus propiedades no se percibe únicamente como un problema urbanístico; para ellos supone el riesgo de perder el lugar donde han vivido durante dos décadas y hacerlo, además, sin tener garantizada una indemnización: “Lo que nos están haciendo es una aberración”, sostiene César. Los propietarios aseguran sentirse atrapados en un conflicto administrativo y judicial que, defienden, ellos no provocaron. También lamentan que el problema se haya convertido en un enfrentamiento de carácter político. En sus redes sociales lo explican así: "Hoy nos enfrentamos a la demolición de nuestras viviendas como consecuencia de decisiones administrativas y urbanísticas ajenas por completo a nuestra voluntad".
“Esto no va de política”
César denuncia que parte del debate público se está desviando hacia la confrontación entre partidos y considera que eso perjudica a las familias afectadas. “Sentimos impotencia porque mucha gente nos está atacando poniendo como excusa la ideología política, se está intentando politizar el tema y esto no va de política, nosotros lo hicimos todo bien”, afirma.
Mientras tanto, el procedimiento para ejecutar el derribo continúa. El Concello de Barreiros ha comunicado a los propietarios que deben indicar si permitirán voluntariamente la entrada para realizar las demoliciones. Los afectados tienen previsto responder negativamente, por lo que el Ayuntamiento tendría que solicitar autorización judicial para acceder a las propiedades.
Los propietarios también reclaman tiempo para poder recuperar aquellos elementos de sus viviendas que puedan ser aprovechados si finalmente no consiguen evitar la demolición: puertas, ventanas, sistemas de calefacción u otros componentes.
Una protesta para intentar frenar el derribo
Lejos de abandonar la batalla, las seis familias preparan una nueva movilización. Han convocado una protesta para el próximo 28 de agosto a las 18:00 horas frente al Concello de Barreiros, donde volverán a reclamar una alternativa.
Su mensaje es claro: no quieren que el caso se reduzca a una disputa política. Quieren que se reconozca que construyeron sus casas con permisos y que, si finalmente la demolición resulta inevitable, las administraciones asuman las consecuencias.
Mientras llega una solución, César asegura que seguirá levantándose cada día con las mismas ganas de luchar para que se haga justicia. Porque para estas seis familias no está en juego únicamente un conjunto de viviendas. Está en juego el lugar donde han vivido durante buena parte de su vida y la sensación de que, después de haber hecho las cosas como les pidieron las administraciones, ahora son ellos quienes tienen que pagar las consecuencias.