Sudán se encuentra bajo el estado de Emergencia en respuesta a las movilizaciones contra el Gobierno, una situación en la que se han creado tribunales de excepción como el de Jartum que ha condenado a estas nueve mujeres.
Según la Alianza Democrática de Abogados, integrante de la Asociación de Profesionales Sudaneses, convocante de las protestas, asegura que más de 800 personas han sido procesadas en estos tribunales de excepción.
Al Bashir declaró el 22 de febrero el estado de emergencia durante un periodo de un año y anunció la disolución del Gobierno federal y los gobiernos regionales, además de otras medidas adicionales desveladas el lunes para hacer frente a la ola de protestas contra él.
Hasta el momento, las autoridades han contabilizado 33 muertos en el marco de las manifestaciones, incluidos dos policías. Grupos de Derechos Humanos estiman en al menos 40 los fallecidos durante estas protestas, las más importantes desde que Al Bashir llegó al poder en un golpe de Estado en 1989.
Al Bashir ha responsabilizado de las protestas a "agentes" extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna Primavera Árabe, en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.
Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.