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Activistas pro derechos humanos, la Fiscalía de Oregón e incluso la gobernadora del estado y el alcalde de la ciudad de Portland han mostrado en las últimas horas su indignación por una serie de detenciones de activistas contra el racismo en la ciudad de Portland a manos de hombres fuertemente armados, con equipamiento militar, que viajan a bordo de furgonetas alquiladas sin identificación de ningún cuerpo policial.
El Gobierno estadounidense ha reconocido que esos hombres armados son agentes federales y que estas detenciones son una especie de operación piloto destinada a combatir grupos anarquistas violentos y antifascistas supuestamente aparecidos a raíz de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial de las últimas semanas. Así lo ha explicado el subsecretario en funciones de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli en la emisora pública estadounidense NPR, donde manifestó su intención de extender estas operaciones "a otras partes del país", sean aprobadas o no por las autoridades locales.
No comparte esa visión la Fiscalía del estado de Oregón que este sábado presentaba una denuncia contra el Gobierno federal de Estados Unidos al constatar que dichas detenciones "arbitrarias" llevan días produciéndose.
La denuncia la ha presentado la fiscal Ellen Rosenblum y está dirigida no solo contra el departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos que dirige provisionalmente Chad Wolf, el elegido del presidente Donald Trump, sino también contra el servicio de Marshals de Estados Unidos y otras agencias federales.
"La actual escalada de miedo y violencia en el centro de Portland está siendo impulsada por tácticas federales de aplicación de la ley que son completamente innecesarias y fuera de lugar con la forma de Oregón", reza el comunicado de la Fiscalía que exhorta al Gobierno Federal: "Estas tácticas deben terminar".
No es la única acción legal promovida por la Fiscalía de Oregón contra el Gobierno Federal de Estados Unidos. También se ha lanzado una investigación criminal estatal sobre las lesiones infligidas a Donavan LaBella, un manifestante de 26 años que recibió un disparo con munición no letal en la cabeza efectuado por agentes federales el 11 de julio, sin mediar provocación alguna.
Además, un tribunal ha admitido la posibilidad de que un grupo de periodistas que fueron agredidos recientemente por las fuerzas de seguridad locales pueda demandar a las agencias federales por su actuación durante las protestas.
La gobernadora del estado, Kate Brown, también ha cargado contra la administración Trump por estas prácticas y en su cuenta oficial de Twitter acusó al presidente de Estados Unidos de estar cometiendo un "flagrante abuso de poder" en una acción que "no tiene nada que ver con la seguridad pública".
El alcalde de Portland, Ted Wheeler, por su parte, ha criticado la presencia de agentes federales practicando detenciones en la ciudad. Les acusa de estar usando "tácticas que amenazan la vida" y en su cuenta de Twitter decía: "No necesitamos ni queremos su ayuda", "lo mejor que pueden hacer es permanecer dentro de su edificio o abandonar Portland por completo".
El alcalde escribía, además, que el enfoque de "mano dura" de Trump había provocado una lesión grave durante el fin de semana y había inflamado las tensiones en las protestas, ya de por si ya altas.
Las asociaciones por derechos civiles también han puesto el grito en el cielo por las tácticas empleadas por el Gobierno Federal en Oregón. "Lo que está sucediendo ahora en Portland debería preocupar a todos en los Estados Unidos", ha declarado el director ejecutivo interino de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Oregón, Jann Carson, que acusa a las autoridades federales de estar ejecutando secuestros de ciudadanos en las calles de Portland. "Por lo general, cuando vemos a personas en coches sin marcar agarrar por la fuerza a alguien de la calle, lo llamamos secuestro". "Las acciones de los oficiales federales militarizados son totalmente inconstitucionales y no quedarán sin respuesta", agregó.
La directora interina legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Oregón, Kelly Simon, afirma en un comunicado que "Esta es una lucha para salvar nuestra democracia", acusa a Trump de enviar agentes a Portland que están ejerciendo detenciones ilegales y brutalidad policial y exige: "Estos agentes federales deben ser detenidos y retirados de nuestra ciudad".
La Organización, además, ha emprendido acciones legales contra el Departamento de Seguridad Interior y contra el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. La denuncia se ha presentado en nombre observadores y periodistas que fueron agredidos en los últimos días por agentes federales en las protestas de Portland. Uno de estos demandantes es el fotógrafo freelance, Matthew Lewis-Rolland, que recibió un disparo en la espalda con munición antidisturbios en una manifestación.
Según los informes que maneja la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Oregón las autoridades federales llevan patrullando Portland en vehículos sin marcar y practicando detenciones desde, al menos, el 14 de julio. Advierten, además, de que presentarán más demandas legales contra la administración Trump por el despliegue de agentes federales en la ciudad contra los deseos de los líderes políticos estatales y locales, que han exigido la retirada de todas las fuerzas del orden público federales.
Las denuncias de manifestantes y activistas que han sido víctimas de estos arrestos en los últimos días no han tardado en llegar a los medios de comunicación estadounidenses. Uno de esos activistas detenidos, Mark Pettibone, de 29 años, le contó a The Washington Post el terror que sintió cuando una furgoneta sin marcas se detuvo a su lado y varios hombres con uniformes militares lo asaltaron y lo detuvieron. "Parecía que estaba dentro de una novela de terror o ciencia ficción, como una novela de Philip K. Dick", relataba Pettibone: "Fue como ser cazado".
El relato de Pettibone continúa con su traslado a un tribunal federal y su posterior puesta en libertad sin que nadie le dijera por qué lo habían detenido o si lo habían acusado de un delito.
En un comunicado publicado el pasado viernes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos explicaba que sus agentes estaban detrás del arresto de Mark Pettibone ya que "tenían información que indicaba que la persona en el video era sospechosa de ataques contra agentes federales o destrucción de propiedades federales".
En el escrito se dice que "una vez que los agentes de se acercaron al sospechoso, una multitud violenta se les acercó", por lo que decidieron trasladar rápidamente al detenido a un lugar más seguro para interrogarlo en un entorno más seguro para los agentes y el propio detenido.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos sostiene que "los agentes de CBP se identificaron y llevaban la insignia de CBP durante el arresto", aunque el escrito puntualiza que "los nombres de los agentes no se mostraron debido a los recientes incidentes de 'doxing' (una práctica que consiste en recabar información de una persona con el fin de atacarla en redes o perjudicarla a modo de venganza) contra el personal de las fuerzas del orden público que sirven y protegen a nuestro país".