Existe un conjunto de personas a las que se les prohíbe jugar por razones que van desde la protección del sistema hasta la prevención de la ludopatía
Relación de amor y odio entre los países y las loterías: de prohibirlas a usarlas para financiarse
Cada año, millones de personas participan con ilusión en sorteos como la Lotería de Navidad, la Primitiva o el Euromillones. Sin embargo, hay quienes no pueden hacerlo legalmente. Más allá de la conocida restricción a los menores de edad, existe un conjunto de personas a las que se les prohíbe jugar por razones que van desde la protección del sistema hasta la prevención de la ludopatía. Estas restricciones están perfectamente reguladas por la legislación española y se aplican de forma estricta.
Más allá de los 18: prohibiciones explícitas por ley
La Ley 13/2011, de regulación del juego, establece las bases para impedir el acceso a los juegos de azar a determinados colectivos, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad o con riesgo de conflicto de intereses. Entre los más destacados se encuentran, por supuesto, los menores de edad, que no pueden participar en ningún juego de azar, incluidas las loterías gestionadas por el Estado. Esta prohibición es absoluta y no admite excepciones.
Otro grupo vetado son las personas incapacitadas legalmente. Es decir, cualquier persona que haya sido declarada judicialmente incapaz para administrar sus bienes o tomar decisiones legales no puede comprar décimos ni participar en juegos.
Esta lista la completan los jugadores autoexcluidos o vetados judicialmente. Existen mecanismos para que las personas con adicción al juego puedan prohibirse a sí mismas el acceso. Se trata del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), dependiente del Ministerio de Consumo, donde actualmente hay más de 70.000 personas inscritas. Además, los jueces pueden ordenar la inclusión de una persona en este registro como parte de una sentencia.
También fuera del bombo: empleados y supervisores del sistema
Otra categoría con prohibiciones explícitas la forman quienes, por su posición laboral, podrían tener acceso a información privilegiada o influir directa o indirectamente en los sorteos. Se trata de limitaciones que están diseñadas para garantizar la transparencia del sistema y evitar que cualquier trabajador del sector, por mínimo que sea su vínculo, pueda beneficiarse de manera ilegítima.
Nos referimos en primer lugar a los empleados y directivos de SELAE. Aquellas personas que trabajan en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado tienen prohibido jugar en los sorteos que ellos mismos gestionan. La norma se extiende a los accionistas, familiares en primer grado y cónyuges. Así lo especifica el artículo 6 de la Ley 13/2011.
Lo mismo ocurre con los miembros de órganos reguladores. El personal de la Dirección General de Ordenación del Juego y de otros organismos que supervisan, inspeccionan o regulan el juego no puede participar en sorteos bajo su control.
¿Qué ocurre si una persona vetada gana?
En caso de que una persona incluida en el RGIAJ o perteneciente a alguno de los colectivos prohibidos compre un boleto y gane, la entidad organizadora no tiene la obligación de pagar el premio. Esto incluye tanto los sorteos presenciales como los digitales. La inscripción en el Registro es vinculante y su incumplimiento puede tener consecuencias legales.
La imagen idílica del décimo compartido entre amigos o comprado en la gasolinera no está al alcance de todos. La normativa española en materia de juego establece claramente qué personas no pueden participar en loterías, protegiendo tanto la salud pública como la limpieza del sistema. Así que antes de comprar, conviene recordar que no todo el mundo tiene permiso para soñar con el Gordo.