La dependencia deberá resolverse en tres meses: cómo reclamar si la ayuda no llega

El tiempo medio que se tarda en resolver una solicitud de ayuda a la dependencia, desde que se pide la valoración de la persona dependiente hasta que se concede un servicio o una prestación, es de 341 días según el último informe del Observatorio de la Dependencia. Depende mucho de la CCAA en que residas. Si vives en Canarias, el proceso puede durar casi 3 años, y si vives en Castilla y León, 3 meses.

Mientras tanto, la persona sigue necesitando ayuda para levantarse, asearse, comer, salir de casa o realizar las tareas más básicas. Y la familia continúa cuidando, pagando servicios privados o intentando organizarse como puede.

La reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso el 14 de julio quiere poner coto a tanta desigualdad, reduciendo a tres meses el plazo máximo para resolver el procedimiento. Esa es la letra, porque la música suena a otra cosa. ¿La nueva norma va a reducir los plazos y sacar a la gente del limbo de la dependencia? Hablamos José Manuel Ramírez, presidente Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y uno de los mayores expertos en la implantación de la Ley en España para que nos despeje dudas.

Qué ha cambiado

Lo esencial ahora es que la Administración Central destina 6.200 millones de euros nuevos al sistema. El mayor esfuerzo financiero hasta la fecha, según los datos de Derechos Sociales. Este dinero deberá ser gestionado por las CCAA para mejorar el sistema.

“Que se reduzcan los tiempos de espera y se mejoren los servicios y prestaciones depende de la gestión de las CCAA”, explica a Uppers José Manuel Ramírez. “El dinero lo van a recibir ya, y será el doble que recibían por el nivel mínimo. De su pericia o de su desidia en la gestión dependerá que hagan lo mismo con el doble de dinero, especialmente para las 255.000 que están en lista espera”, explica José Manuel.

El proceso

El procedimiento de dependencia tiene dos momentos decisivos. El primero es el reconocimiento del grado. Se valora si la persona se encuentra en grado I, dependencia moderada; grado II, dependencia severa, o grado III, gran dependencia.

El segundo momento decisivo es el PIA. Ese programa concreta qué atención recibirá: ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, plaza residencial, asistencia personal o alguna de las prestaciones económicas previstas en la ley.

En algunas comunidades autónomas, el grado y el PIA se resuelven prácticamente juntos. En otras, se tramitan en distintas fases. Por eso la ley estatal establece un plazo máximo para el procedimiento completo, con independencia de que la comunidad haya decidido separar el reconocimiento del grado y el reconocimiento de la prestación.

Tres meses

La norma aprobada en el Congreso (ahora deberá ser ratificada en el Senado y publicada en el BOE) marca como plazo 3 meses desde que se solicita valoración hasta que se concede una prestación o servicio, pero los expertos tienen dudas de que esto se vaya a cumplir. “Eso es lo que se puede entender. Ojalá sea así, pero tenemos una reunión el 16 de septiembre porque eso no lo vemos claro. Veremos a ver cómo termina la ley”, aclara Ramírez.

Si finalmente la ley establece estos plazos se podría reclamar a las administraciones su incumplimiento por vía judicial. Aunque como explica José Manuel Ramírez: “puedes reclamar administrativamente, pero el problema está en que las reclamaciones jurídicas en este país pueden tardar mucho tiempo, y las personas usuarias y sus familiares bastante tienen con soportar el sufrimiento que comporta la dependencia. Pero sí lo puedes reclamar. En Valencia se reclamaron y hay sentencias donde se les paga incluso con retroactividad la prestación económica”, asegura el experto.

¿Subirán las prestaciones?

Otra de las preguntas que surgen es si con este aumento de la financiación subirán las prestaciones, en particular la paga del cuidador, que es la más expendida y que ya cobran más de 750.000 personas. “La Administración Central aporta la financiación, pero son las CCAA quienes determinan qué cantidades se destinan a prestaciones y qué cantidades a servicios. En teoría, en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Navarra, donde tienen plena atención, deberían gastarlo en incrementar las prestaciones económicas, o mejorar la intensidad de la ayuda a domicilio, o en hacer compatibles los servicios. Sin embargo, en comunidades como Canarias, Murcia o Cataluña, que tienen un 20% de las solicitudes en lista de espera, se debería dedicar a aligerar estas listas”, explica Ramírez.

¿Subirán los salarios?

La lluvia de millones también es una oportunidad para mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores del sector. “Tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Trabajadores y empresarios clamamos por mejorar las condiciones de estos trabajadores que son esenciales para la calidad de vida de los dependientes. Si en el concierto de residencias, por ejemplo, en vez de pagar a 1.800 euros por plaza se paga a 2.000 euros, pues los empresarios se pueden comprometer a equiparar el convenio al del sistema sanitario. Lo mismo ocurre con la ayuda a domicilio”, apunta.

 El peligro

Ramírez se teme que no todo el dinero destinado a dependencia acabe realmente en el sistema. “Lo que no puede pasar es lo que pasó con la inyección económica que se hizo en el plan de choque del año 2022, donde nueve comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, hicieron caja con ese dinero. Tenemos gobernantes sin alma, pero este dinero no puede servir para alegrar al consejero de turno de Hacienda que recorte presupuesto propio porque le venga ese dinero del Estado. Esto sería una indecencia y algo que deberíamos de denunciar todos. El dinero tiene que llegar a las personas dependientes y a sus familias” afirma José Manuel. 

¿Cambiará algo?

La reforma puede suponer un avance importante. Pasar de seis a tres meses obliga, al menos sobre el papel, a que las comunidades resuelvan con mayor rapidez. Pero, aunque haya más recursos para el sistema no significa que la gestión del sistema mejore, dependerá de las CCAA.

También la mejora de prestaciones dependerá de la voluntad política para destinar efectivamente ese dinero al cuidado de los dependientes y sus familias.

Y administración, trabajadores y empresarios deberán ponerse de acuerdo en cómo repartir mejor el dinero para mejorar las condiciones de un trabajo exigente y muy mal remunerado que incide directamente en la calidad de vida de las personas atendidas.

José Manuel Ramírez pide ese consenso: “tenemos una gran oportunidad y debemos gestionar eficazmente los 6.200 millones de euros. El gran reto va a estar ahora en la pericia y la eficacia de la gestión. Hay comunidades autónomas que gestionan con agilidad, pero hay comunidades autónomas que les va a costar muchísimo. En cualquier caso, el esfuerzo merece la pena, porque se trata de evitar el sufrimiento de la gente”.