Desde hace 30 años, los miembros civiles (elegidos en asambleas) de las ‘rondas campesinas peruanas’ se encargan de resolver conflictos como infidelidades, pequeños robos o castigan a alcaldes y jueces corruptos en Perú. Sin embargo, ahora que Perú ha superado los 220.000 casos confirmados de coronavirus, alcanzando las cifras de países europeos tan afectados como España e Italia, estas brigadas se han puesto al servicio de la lucha contra el COVID-19, de un modo, cuanto menos, controvertido.
Como se aprecia en las imágenes, obligan a los ciudadanos que, presuntamente, han incumplido las restricciones sanitarias que deben cumplir para frenar la pandemia (están en estado de emergencia y en aislamiento social decretado por el Gobierno) a arrodillarse y, enfundados en sus mascarillas y sin ningún identificación visible, les golpean en la espalda con un palo.
El Ministerio de Salud de Perú confirmó el pasado viernes que el número total de casos de coronavirus en el país andino se ha elevó hasta los 220.749. El total de muertes por la COVID-19 se sitúa en 6.308. Hasta el momento, 10.121 pacientes continúan hospitalizados por coronavirus, 1.089 de ellos en unidades de cuidados intensivos.
Según los datos del fin de semana, Lima continúa siendo la región más afectada por el virus en el país, con 128.700 casos confirmados; seguida de Callao, con 15.200; Piura, con 12.768; y Lambayeque, que ha presentado hasta el momento 10.791 contagios.
Perú es el segundo país de América Latina que se está viendo más afectado por la pandemia del coronavirus y cumple ya 91 días en estado de emergencia y aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno, presidido por Martín Vizcarra, para acabar con la propagación de los contagios.