Padres y madres se manifiestan para pedir una ley contra el acoso escolar: "Cuando hay conflicto y violencia, se debe actuar desde el primer momento"

Padres y madres que han vivido de cerca situaciones de acoso escolar se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para exigir la aprobación de una ley integral contra el bullying. Reclaman que el acoso escolar sea reconocido y tipificado como un delito específico en el Código Penal, igualándolo a otros tipos de violencia, como el acoso laboral.

Las familias denuncian que el acoso en las aulas continúa siendo una realidad silenciada, y que la falta de una respuesta deja a muchas víctimas sin protección ni justicia. “Se habla de conflictos entre iguales, pero cuando hay conflicto hay violencia, y se debe actuar desde el primer momento”, subrayaron algunos de los portavoces durante la concentración.

Entre las principales propuestas, los padres reclaman que la futura norma establezca un único protocolo de actuación para todas las comunidades autónomas, con formación obligatoria para los docentes y personal de los centros educativos. Consideran que la prevención y la detección temprana son esenciales para frenar una problemática que, según recuerdan, afecta cada año a miles de niños y adolescentes en España.

Se habla de conflictos entre iguales, pero cuando hay conflicto hay violencia, y se debe actuar desde el primer momento

Otra de las propuestas es la creación de un organismo independiente y ajeno a los centros escolares que se encargue de investigar los posibles casos de acoso. De este modo, aseguran, se evitaría la desaparición que a menudo rodea a las denuncias dentro de los propios colegios. Además, piden la puesta en marcha de un registro nacional de casos de acoso y ciberacoso, que permita conocer la magnitud real del problema y diseñar políticas públicas más efectivas.

Las familias insisten en que el acoso escolar no debe considerarse un simple conflicto infantil, sino una forma de violencia que puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental y emocional de las víctimas. “Nuestros hijos han sufrido y siguen sufriendo. No queremos más silencio, queremos protección y justicia”, declararon.