España no aplicará los puntos más controvertidos del nuevo reglamento de inmigración de la UE que entra en vigor este viernes
España reivindica su modelo de diplomacia migratoria en origen, que ha contribuido a reducir hasta un 70 % la ruta canaria
Entra en vigor el nuevo reglamento de inmigración de la UE: centros de deportación y compromiso de los 27
España ha marcado distancias con el nuevo reglamento europeo de inmigración y ha dejado claro que no aplicará aquellas medidas que no sean estrictamente obligatorias. Dentro del margen que permite el pacto, el Gobierno ha rechazado de forma tajante algunas de las disposiciones más restrictivas hacia las que se inclinan otros Estados miembros, como la creación de centros de deportación en terceros países, sobre los que mantiene “serias dudas” en cuanto a su “legalidad y proporcionalidad”.
El éxito del modelo de diplomacia migratoria en origen
La posición española difiere de manera notable de la de varios socios europeos. El Ejecutivo reivindica su modelo de diplomacia migratoria en origen, que, según sus datos ha contribuido a reducir hasta un 70 % la ruta canaria, y descarta frontalmente implantar centros de retorno fuera de la UE. Considera que son ineficaces, que no tienen efecto disuasorio y que resultan inhumanos, al implicar el encierro de una persona durante hasta dos años en un país con el que no mantiene ningún vínculo y por una infracción de carácter administrativo.
En cuanto a los migrantes que no obtengan asilo ni protección internacional y reciban una orden de expulsión, la situación no variará respecto a la actual. España asume que las deportaciones seguirán siendo puntuales, porque devolver a una persona a su país de origen es un proceso complejo y costoso, y el reglamento europeo no resuelve esas dificultades estructurales.
Desde el Gobierno español se insiste en que cumplirá únicamente las obligaciones marcadas por la normativa comunitaria, pero no aquellas medidas que considera contrarias a su enfoque migratorio o de dudosa eficacia.